En Uruguay y tras un fuerte debate político, la Cámara de senadores anuló la ley que durante años impidió que los militares involucrados en el golpe de estado de 1973 fueran juzgados.
Conocida como la Ley de Caducidad, la medida había sido aprobada en diciembre de 1986, para declarar la caducidad de delitos como las violaciones de los derechos humanos cometidas por los miembros de la dictadura militar durante los 12 años que gobernaron el país.
La ley ha protegido a la mayoría de los militares y los esfuerzos realizados en el pasado por las fuerzas políticas de izquierda para derogarla hasta el momento han fracasado. Incluso dos plebiscitos ratificaron la polémica ley.
El senador Jorge Saravia, del oficialista Frente Amplio, el partido en el gobierno e impulsor de la medida, anunció que no respetaría el mandato del partido y votaría en contra del proyecto.
“No vine aquí a discutir el proyecto que todos sabemos es una aberración jurídica” afirmó Saravia. “Lo que vine a discutir es si la disciplina partidaria está por encima de la ética política y si estamos dispuestos a violar la constitución de la República en forma flagrante. Si estamos dispuestos a pasar por encima del soberano”, el pueblo de Uruguay, “eso es lo que quiero discutir y no lo que diga el proyecto”, aseguró.
De acuerdo con el legislador, la anulación representante que “a partir de hoy, si se vota esto, se pasa por encima del pueblo uruguayo”, con una decisión que ignora dos fallidos plebiscitos anteriores.
Por su parte, el también senador oficialista, Eleuterio Fernández Huidobro, un histórico dirigente de la ex guerrilla de los tupamaros, donde también militó el actual presidente José Mujica, anunció que votaba la ley por disciplina partidaria, pero de inmediato anunció que renunciaba a su banca.
El debate tuvo lugar con público observando dentro del Parlamento, mientras que afuera del Palacio Legislativo había algunos manifestantes de organizaciones de derechos humanos que apoyan la anulación de la ley de caducidad.
La anulación fue aprobada con 16 votos a favor, todos del Frente Amplio, contra 15 de los partidos de oposición incluido el del frenteamplista Jorge Saravia que también votó en contra. El proyecto será aprobado el 4 de mayo en la Cámara de Diputados.