Vence plazo para enviar testimonios a la CPI por supuestos crímenes de lesa humanidad en Venezuela

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Este martes venció el plazo para que familiares de víctimas de supuestos crímenes de lesa humanidad en Venezuela envíen a la Corte Penal Internacional sus testimonios, a fin de determinar si el Estado venezolano está haciendo lo suficiente para investigarlo.
La sala de cuestiones preliminares de la Corte Penal Internacional pidió a víctimas y a sus familiares reportar cómo ha respondido la justicia venezolana al compromiso que adquirió de hallar a los responsables de considerados crímenes de lesa humanidad.
"La Corte quiere escuchar, por ejemplo, si las víctimas son maltratadas, si las víctimas son escuchadas en tribunales, si las víctimas se sienten bien con el sistema de justicia. Es decir, qué piensan las víctimas del sistema de justicia y eso es muy importante", explica el abogado y director de la ONG Acceso a la Justicia, Alì Daniels.
El año pasado el gobierno de Maduro pidió detener la investigación que llevaba adelante el Fiscal de la Corte Penal, Karim Khan, sobre abusos y asesinatos cometidos en los últimos 5 años, alegando que el poder judicial local estaba procesando esas denuncias.
"Ahorita lo que se va a decidir es si se continúa o no con la investigación, y para hacerlo, la sala tiene que determinar si en Venezuela, efectivamente, se está juzgando a los responsables. Por eso es tan importante que las víctimas sean escuchadas" , detalla Daniels.
La semana pasada, la administración de Nicolás Maduro envió a la Corte un escrito en el que señalaba a la Fiscalía de la CPI de tener "vínculos probados" con organizaciones opositoras, algo que a juicio del jurista, es una estrategia para demorar las averiguaciones en la Corte Penal.
"Hay que ser realistas: la justicia penal internacional es lenta, es una justicia que tarda años en dictar sentencia”, alerta.
Mientras tanto, los tribunales venezolanos sólo han castigado a los responsables de apenas un 3 por ciento de los casos de violaciones a derechos humanos presentados, según la ONG Acceso a la Justicia