La reforma al Estatuto que rige la Transición a la Democracia en Venezuela, que extiende la presidencia interina de Juan Guaidó, le resta competencias y abre paso a un gobierno legislativo, consideran políticos, analistas y expertos en derecho.
Los diputados a la Asamblea Nacional de Venezuela electos en el 2015 aprobaron este lunes en primera discusión la reforma para dar continuidad al interinato de Guaidó y también al Parlamento de mayoría opositora.
Casi 100 diputados participaron en la primera discusión. El proyecto de reforma lo presentó el partido Primero Justicia, cuyos dirigentes nacionales han ventilado duras críticas a Guaidó por su presunta falta de transparencia.
Según el medio digital Efecto Cocuyo, la reforma se aprobó solo con mayoría simple. Algunos legisladores, como Delsa Solórzano y Sergio Vergara, salvaron sus votos y advirtieron que la propuesta modifica las competencias presidenciales.
Abogados, analistas y políticos críticos de Maduro pusieron en duda su legalidad y constitucionalidad, poco luego de la aprobación en primera discusión.
También lea Parlamento opositor aprueba continuidad de Gobierno interino de VenezuelaEl procurador especial del gobierno interino de Guaidó, Enrique Sánchez Falcón, dijo esperar que la reforma sea negada o modificada en su segunda discusión, pautada para este jueves 30 de diciembre.
No se prevé que ese debate ponga en riesgo la continuidad del interinato ni del Parlamento de 2015, sino que sirva para definir sus respectivas competencias hasta enero de 2023.
“Se trata de una propuesta que disminuye sobremanera las funciones del presidente Guaidó. Y lo hace de manera inaceptable al expresarlo. No se puede aceptar que al funcionario a quien la Constitución asigna la función de ‘dirigir la acción de gobierno’ se le pretenda limitar a solo una actividad”, afirmó Sánchez Falcón, experto en derecho constitucional, al medio digital Politiks.
El procurador consideró que la reforma era “subversiva”, que violenta el principio de separación de poderes y “desconoce la actuación del presidente encargado” al pretender “derogar la mayoría” de los decretos y medidas de su gobierno.
Es un supuesto ascenso en el que te quitan de la cadena de mando disminuyendo tus atribuciones”José Vicente Carrasquero, politólogo
El politólogo José Vicente Carrasquero coincide en que la reforma al Estatuto “reduce a Guaidó” en cuanto a sus competencias como presidente encargado.
Opina que la modificación del Estatuto supone aplicar el concepto de la “sublimación percuciente”, contemplado en el libro 'El Principio de Peter'.
“Es un supuesto ascenso en el que te quitan de la cadena de mando disminuyendo tus atribuciones. La reforma reduce a Juan Guaidó a ser un presidente sin más funciones que la representación del país, mientras que la mayoría de las funciones importantes se las reserva la Asamblea Nacional. No se entiende, porque se abroga acciones ejecutivas”, dijo a la Voz de América.
"Viola la Constitución"
Guaidó valoró este lunes como “fundamental” el apoyo mayoritario a la continuidad constitucional de su presidencia interina y de la AN de 2015. Asimismo, se comprometió a incluir las observaciones y críticas a la reforma “para garantizar que el texto esté ajustado a la Constitución”.
James Story, embajador de Estados Unidos para Venezuela, reivindicó el reconocimiento de la “vigencia” del Parlamento y de Guaidó, antes de opinar que el retorno a las negociaciones en México “es el mejor camino”.
José Ignacio Hernández, ex procurador designado por Guaidó y quien renunció al cargo en 2020, consideró que la reforma aprobada “viola la Constitución”, pues transfiere competencias del poder ejecutivo a la Asamblea Nacional.
“Esto coloca en riesgo el reconocimiento internacional y la protección de activos”, escribió en su cuenta de Twitter Hernández, también profesor de derecho administrativo y constitucional de Venezuela.
Dijo haber extrañado en la modificación del lunes que se incluyeran “normas para mejorar la transparencia e imparcialidad en la gestión de activos”. Notó, en cambio, “la politización de los activos” al confiar su gestión al Parlamento.
Hernández se declaró preocupado porque, según dijo, la reforma dejaría el camino abierto a que la misma Asamblea Nacional opere sin control alguno.
“Si la AN asume funciones ejecutivas, entonces nadie podrá controlar a la AN. Esto genera incentivos para la mala gestión, como sucedió en Monómeros”, dijo en referencia a denuncias de presunta corrupción que salpicaron al gobierno interino por su manejo de esa empresa, uno de los principales activos de Venezuela en el exterior. El gobierno de Colombia intervino Monómeros por dificultades de flujo de caja.
El gobierno de Maduro acusa a sus opositores de “secuestrar” y llevar a la quiebra a la empresa. El escándalo fue el ojo de un huracán de desavenencias entre líderes opositores, como Julio Borges, quien, tras el caso, dimitió a su cargo como responsable de las relaciones exteriores del gobierno de Guaidó.
Allan Brewer Carías, abogado constitucionalista venezolano, también criticó la aprobación hecha el lunes, que, a su entender, crea “un gobierno de Asamblea”.
“No solo es el ‘suicidio’ del régimen de transición a la democracia decretado en 2019, sino que es inconstitucional, al violar el principio de separación de poderes”, escribió en su cuenta de Twitter.
Otros dirigentes de la oposición, como María Corina Machado, repudiaron el contenido de la reforma. La líder del movimiento Vente Venezuela acusó a los cuatro principales partidos opositores de “matar” la presidencia interina.
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