Rocío San Miguel, una abogada, defensora de DDHH y experta en asuntos militares venezolana, fue detenida el viernes por presuntamente estar vinculada a un plan conspirativo contra el gobierno de Venezuela, confirmó la fiscalía el domingo.
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, informó que San Miguel fue detenida por presuntamente estar vinculada a un plan conspirativo e intento de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro.
“Dichas investigaciones continúan su curso recabando elementos de convicción de personas relacionadas a estos graves hechos dentro y fuera del país”, manifestó el domingo por la tarde en su cuenta en X.
Saab no ofreció detalles sobre la detención, pero desde el sábado por la noche activistas de derechos humanos comenzaron a denunciar que San Miguel fue arrestada el viernes por las autoridades venezolana cuando, junto a su hija, se disponía a abordar un vuelo en el principal aeropuerto de Venezuela.
Juan González Taguaruco, uno de los abogados de San Miguel, alertó el lunes que la activista se encuentra en situación de desaparición forzada.
“No nos dice qué órgano policial la detuvo, ni a la orden de qué tribunal está, ni qué fiscal está dirigiendo esa investigación. Tampoco sabemos el sitio de reclusión, simplemente refieren que no está, eso nos preocupa bastante, podemos definir que la situación se corresponde con un supuesto de desaparición forzada”, dijo Juan González Taguaruco, abogado de San Miguel.
González, que desconoce si San Miguel fue presentada en tribunales, alertó que sus derechos constitucionales fueron violados y precisó que presentó un recurso de amparo a la libertad y seguridad personal. También negó tener conocimiento sobre alguna orden de captura.
Además, expresó preocupación por Miranda Díaz San Miguel, hija de la activista, con quien perdieron comunicación.
“Nos tiene sumamente preocupados porque sabemos cómo actúan los órganos policiales con el patrón de que no solamente detienen a una persona sino a su entorno familiar. Hemos intentado que nos contesta mensajes, sabemos que les llega, pero no contesta y eso es sumamente extraño”, expuso.
Previamente, Justicia, Encuentro y Perdón, una organización dedicada a la defensa de DDHH, alertó que San Miguel se encontraba en situación de "desaparición forzada" lo que, expusieron, constituye un “grave acto de persecución y asfixia contra el espacio cívico en Venezuela”.
“El Estado está obligado a informar sobre el paradero de la activista y los motivos de la detención”, subrayó la organización.
Ya por la tarde, el equipo legal de San Miguel denunció que también se desconoce el paradero de Víctor Díaz Paruta, padre de la hija de San Miguel; sus hermanos, Miguel Ángel San Miguel Sosa y Alberto San Miguel Quigosos, así como de Alejandro González Canales, otro familiar.
El gobierno de EEUU aseguró que la detención de San Miguel y sus familiares sigue una "tendencia preocupante" de detenciones aparentemente arbitrarias de actores democráticos y manifestó que se suma a la comunidad internacional para instar a la liberación de todos los presos políticos, a que se ponga fin a la detención de sus familiares y el retorno a los compromisos establecidos en el Acuerdo de Barbados.
Decenas de detenidos
El mes pasado, Saab informó que al menos 36 personas han sido detenidas por las investigaciones sobre los planes conspirativos denunciados por el gobierno y anunció que emitió varias órdenes de arresto.
Tres colaboradores de la aspirante presidencial opositora María Corina Machado fueron detenidos por el caso por el que señalan a San Miguel y sus abogados denuncian que se encuentran en situación de desaparición forzada.
San Miguel es presidenta de Control Ciudadano, una ONG que promueve la contraloría sobre los asuntos de seguridad, la defensa y la Fuerza Armada Nacional y es constantemente consultada por medios locales e internacionales.
También lea ¿Qué es “la furia bolivariana” en Venezuela y qué pasa cuando el chavismo la anuncia?En 2012 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de San Miguel y su hija por ser objeto de hostigamiento y amenazas en razón de las actividades que desarrolla al frente de Control Ciudadano.
San Miguel, con nacionalidad venezolana y española, recordó en días recientes que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) solicitó al Estado venezolano cumplir una sentencia que le fue favorable por violación de derechos políticos. La abogada, que en 2004 fue despedida de un organismo estatal por haber firmado a favor de la solicitud de un referendo revocatorio contra el ex presidente Hugo Chávez, llevó el caso ante ese órgano judicial.
Alerta internacional
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, rechazó la detención arbitraria de San Miguel y exigió el cumplimiento de las medidas de protección de la CIDH, su liberación, así como el cese de la persecución política.
Amnistía Internacional pidió el domingo la libertad “inmediata e incondicional” de San Miguel, respeto a sus derechos, a la medida cautelar y que se le garantice el acceso a sus abogados y familiares.
Varias organizaciones de la sociedad civil venezolana y dirigentes políticos se pronunciaron para exigir la liberación de San Miguel y denunciaron un patrón de persecución y criminalización para neutralizar a la disidencia.
"Exigimos la inmediata liberación de la presidenta de la ONG @ovesede
y hacemos un llamado a la solidaridad internacional y a los gobiernos democráticos del mundo, a seguir posicionándose firmemente a favor del respeto y garantía de los derechos humanos en Venezuela", manifestó el Programa Venezolano en Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), una de las organizaciones más antiguas del país.
“Alertamos al mundo que la arremetida represiva del régimen de Maduro continúa (…) llamamos a la solidaridad nacional e internacional con ella y con todos los presos y perseguidos políticos en Venezuela”, escribió el domingo María Corina Machado en su cuenta en X.
La Plataforma Unitaria Democrática, que reúne a varios partidos de oposición, condenó lo que calificó como "desaparición forzada" de San Miguel.
"Hacemos un llamado al pueblo venezolano y a activistas en todo el mundo a estar atentos ante esta nueva arremetida del régimen de Nicolás Maduro en contra de la libertad de una persona que durante años ha denunciado y documentado las numerosas violaciones de DDHH en Venezuela. Solidaridad con ella y con todos los presos políticos de nuestro país, exigimos su libertad inmediata", agregó en un mesaje divulgado en las redes sociales.
En varias ocasiones, el alto comisionado de la Oficina para Derechos Humanos de Naciones Unidas, Volker Türk, que ha expresado preocupación sobre las restricciones al espacio cívico, ha pedido a las autoridades venezolanas la libertad de todas las personas detenidas arbitrariamente.
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