La Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por el oficialismo, nominó a nueve magistrados principales para un período de doce años, y 32 suplentes del Tribunal Supremo de Justicia, para un período de seis años.
La decisión fue tomada antes de que se integren al cuerpo los nuevos representantes electos en septiembre pasado, por lo cual el Congreso contará con participación de la oposición. La nominación fue definida por los opositores como "extemporánea".
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La diputada oficialista Cilia Flores, presidenta de la Asamblea Nacional, defendió la medida y explicó que de los nueve magistrados principales, cuatro irán a la Sala Constitucional, tres a la Sala Electoral, uno a la Sala Penal y uno a la Sala Político-Administrativa.
Entre los nombramientos se incluyen congresistas oficialistas. Según la diputada Flores, se hizo un cuidadoso proceso de selección entre tres centenares de postulados, aunque no explicó los criterios de selecciones.
Por su parte, el diputado disidente del oficialismo, Juan José Molina, rechazó la elección señalando que "se debió esperar la conformación del nuevo parlamento para nombrar esos magistrados".
Por su parte, el secretario general del partido opositor Primero Justicia, Tomás Guanipa criticó los nombramientos en un comunicado y dijo que la designación “se traducirá en un Tribunal Supremo de Justicia cuyos magistrados no están allí por sus méritos o por su trayectoria e imparcialidad, sino porque están de rodillas al régimen", tal como definió al gobierno de Chávez.
Guanipa coincidió con Molina en señalar que la elección de los nuevos de magistrados debió ser realizada por el nuevo congreso, que fue elegido en septiembre y asumirá a partir del 5 de enero.