España llamó a consultas a su embajador en Caracas, Antonio Pérez Hernández, luego que el presidente Nicolás Maduro acusara a su homólogo español, Mariano Rajoy, de apoyar una conspiración para derrocarlo.
En un comunicado el Gobierno español expresó su firme rechazo a la "escalada de insultos, calumnias y amenazas" del presidente de Venezuela dirigidas contra España y sus instituciones, contra el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, y contra los expresidentes Felipe González y José María Aznar.
Maduro dijo el martes que el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy es un “bandido” y acusó a su gobierno de “apoyar al terrorismo”.
Rajoy es "un racista histórico", dijo Maduro, agregando que sus camaradas políticos "están casi todos presos por corrupción".
"Rajoy forma parte de un grupo de bandidos, de corruptos y de ladrones, la mayoría está preso, que me desmienta él (…) estoy teniendo la máxima paciencia con el gobierno bandido de Rajoy en España porque España no tiene la culpa de tener a quien tiene de presidente (…) el señor Rajoy y su gobierno están detrás de las intentonas de golpe de Estado contra el gobierno legítimo que presido", dijo Maduro.
Por su parte, la Asamblea Nacional (AN) venezolana declaró persona non grata al expresidente del gobierno español, Felipe González, quien anunció que viajará próximamente a Venezuela para participar como asesor técnico en el juicio de López y del alcalde Metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma.
El canciller español, José Manuel García Margallo, había asegurado que considera que defender las libertades, los derechos humanos y el Estado de derecho le parecía un gesto noble por parte del ex mandatario de España.
La declaración de la AN no es vinculante para la decisión que adopten las autoridades migratorias, dependientes del Poder Ejecutivo, sobre si permitir la entrada a Venezuela del expresidente González o expulsarlo del país. No obstante, el acuerdo votado en pleno por la bancada oficialista da el tono de lo que pudiera ser la posición definitiva del Gobierno de Maduro.
Aunque apenas hace una semana ambos gobiernos llamaron a los embajadores para presentarse protestas formales, la llamada a consulta de este miércoles supone un escalón más en el conflicto.