Las sanciones que recibirán funcionarios venezolanos acusados de violar derechos humanos son consecuencia del “proceso de aislamiento” que ha propiciado el gobierno del presidente Nicolás Maduro.
Así lo consideró Milos Alcalay, diplomático de carrera y exembajador de Venezuela ante la ONU.
“El gobierno venezolano ha promovido un proceso de aislamiento al negarse sistemáticamente a atender las peticiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a las Comisiones contra las Detenciones Arbitrarias y contra la Tortura de la Organización de Naciones Unidas (ONU). [Las sanciones] son la sumatoria de los incumplimientos”, dijo Alcalay a la Voz de América.
"En la actualidad la violación de derechos humanos tiene una respuesta que va más allá de las fronteras”, agregó, recordando que desde 2002 está en vigencia la Corte Penal Internacional, que sanciona incluso hasta los presidentes en ejercicio por violación de derechos humanos.
El proceso de aislamiento se revertiría, según Alcalay “si se libera a los presos políticos, se frena el hostigamiento a los opositores y se cumple con los compromisos adquiridos y firmados en materia de libertades y derechos humanos por la república venezolana”.
Durante las protestas registradas entre febrero y mayo fueron asesinadas 43 personas. Al menos 38 casos de tortura fueron denunciados ante la ONU.
Venezolanos reaccionan
El repudio del presidente Nicolás Maduro a las sanciones contra funcionarios venezolanos, que firmó el mandatario de Estados Unidos, Barack Obama, no es compartido por todos los venezolanos.
Algunos ciudadanos piensan diferente a Maduro.
Mario Bebilacqua, un estudiante de comunicación social de 18 años, tiene en la frente una cicatriz de 19 puntos que le recordará por siempre la represión de la policía durante las protestas en Venezuela contra el gobierno de Maduro.
“Yo fui impactado por una bomba lacrimógena de la Policía Nacional el primero de abril en Caracas, y considero justo que paguen porque violaron los derechos humanos (…) Estados Unidos tomó la decisión correcta”, dijo a la Voz de América.
Silfrido Gómez, un músico de 63 años, también aplaude la medida que tomó Estados Unidos, porque “todo el que la hace tiene que pagarla, los ladrones, los que están perjudicando al país”.
Mabel Marimón, una trabajadora residencial de 57 años, advierte que cada país es libre de ejercer las leyes que quiera, pero dentro de su territorio.
“Que hagan lo que ellos [Estados Unidos] estimen conveniente en su país, donde ellos mandan”, dijo Marimón.
Pero Francisco Cortés, un cajero de 55 años, considera que la medida contra el gobierno de Maduro debió ser más contundente.
“Mientras tengamos el presidente que tenemos en Venezuela, esto no tiene vida. Allá Obama puede decir misa, o nos invaden o no pasa nada”, afirmó.