El venezolano Feliciano Reyna, presidente y fundador de la organización humanitaria Acción Solidaria, con sede en Caracas, culminó una semana apretada de reuniones en Washington DC, adonde llegó para recibir el reconocimiento 'Liderazgo distinguido para las Américas por servicio humanitario', que le otorgó el centro de estudios Diálogo Interamericano.
Los frentes de crisis en Venezuela –a lo menos cuatro grandes hasta este momento- le hicieron reajustar las líneas de trabajo de Acción Solidaria, que surgió en 1995, para trabajar con personas infectadas de VIH. Esa división es hoy solo una parte del trabajo de la organización.
“Siempre se dice que las emergencias humanitarias complejas tienen de raíz el conflicto político, esos abusos de poder y esa destrucción del estado de derecho. La situación humanitaria de hoy en Venezuela tiene cuatro componentes a los que hay que prestarles mucha atención”, dijo Reina a Voz de América.
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Primero está el hambre, que se ha generalizando en Venezuela por el desmoronamiento del andamiaje social y productivo del país, y el impacto en la economía. Con ello han aumentado los niveles de desnutrición infantil y en adultos, opinó.
Le sigue la crisis del sistema de Salud, con un deterioro alarmante de la infraestructura hospitalaria, que en la actualidad tiene un déficit de 50% de trabajadores sanitarios y hasta del 70% de personal de enfermería. A ello se suma la crisis del sistema educativo, que ha sufrido otro impacto silencioso porque no tiene tanta exposición a la prensa, dijo.
Y un cuarto frente de la crisis -bien conocido en la región- es el de las migraciones forzadas de venezolanos que buscan labrarse un porvenir fuera de su patria y que ha generado presión sobre otros países vecinos y sobreexpuesto los riesgos y el sufrimiento para los migrantes en condiciones mínimas, empeoradas durante la pandemia de COVID-19, agregó.
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Al recibir el premio de Diálogo Interamericano, Feliciano Reyna dijo que es un estímulo importante para trabajar y ampliar las redes con otros colectivos de la sociedad civil que unen esfuerzos en su país para atender las necesidades más urgentes.
Pero también como carta de presentación en la búsqueda de cooperación internacional, "que tanta falta hace", y de la que incluso sectores del gobierno son conscientes porque la crisis, sostiene, ha llegado "a niveles insólitos". Reyna espera que en ningún momento surjan iniciativas para expulsar o limitar el trabajo de organizaciones humanitarias, como se ha hecho en Nicaragua.
“En este momento los efectos de la emergencia humanitaria en la vida de las personas son profundísimos, por eso tenemos una situación migratoria forzosa tan importante en la región y lo mismo tenemos desafíos importantes en libertades democráticas y de derechos humanos", opinó.
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Organizaciones sobre el terreno
Ante las acuciantes necesidades de la población más vulnerable, en la actualidad Acción Solidaria trabaja con 140 organizaciones para la donación de medicamentos, captados de benefactores en Estados Unidos y España.
Todas esas organizaciones asociadas provienen de diferentes ámbitos; las hay que trabajan con iglesias, otras más estructuradas como proveedoras de servicios de salud e incluso aquellas que atienden comunidades marginadas, como indígenas. También se precian de trabajar con médicos especialistas que trabajan en hospitales públicos.
“Esta construcción lenta desde 2016 nos llevó a ir viendo las áreas prioritarias. Por supuesto, las condiciones prevalecientes necesitan que nosotros llevemos esas medicinas, hipertensión, diabetes, pero hay unas que son importantes y que la pandemia los puso de relieve, que son los temas de salud mental. Hacemos una distribución de entre 90.000 y 100.000 tratamientos al mes en varios estados del país”, comentó Reyna.
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Riesgos de operar en un entorno político adverso
Feliciano Reyna dijo que organizaciones como Acción Solidaria están en sintonía con amplias franjas de la población que sufren la polarización política del país y que al final del día no se sienten parte en ningún bando.
Aunque reconoció que la tensión entre la sociedad civil y el gobierno sigue estando latente, sumado a la destrucción de capacidades del Estado, que está obligado a proteger al ciudadanía.
También dijo que grupos dentro del gobierno hacen de las suyas por la misma corrupción imperante y que al final, pueden impactar en el trabajo de las organizaciones como le sucedió el año pasado a Acción Solidaria y otra socia de proyectos.
“Nosotros tuvimos un allanamiento el año pasado por un cuerpo de seguridad del Estado y se llevó a ocho miembros de nuestro personal detenidos. Esa situación yo no puedo decir que es una práctica hecha por el estado, en ese entorno tan complicado con cierta fragmentación del Estado hay grupos que por las suyas van y tiene este tipo de conductas que uno sabe que están asociadas a la corrupción”, explicó Reyna.
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¿Hay esperanza en el diálogo político para resolver la crisis?
La respuesta es sí, pero con matices, según Reyna. Como grupos de la sociedad civil lo que esperan del proceso de diálogo en México -auspiciado por el Reino de Noruega y con participación de otros países- es que las partes asuman en la mesa compromisos genuinos para ayudar a la población que sufre.
También pide que los gestores internacionales no lleguen a la mesa a legitimar a un grupo en menosprecio del otro, porque ello solo aumenta la tensión interna que de por sí es grave.
“Para nosotros es importante que las conversaciones sigan avanzando, son parte de todos unos esfuerzos recientes, consensuadas, pero que nacen de sociedad civil. Todo lo que uno pueda imaginar, calcular y promover debe tener en el centro a los venezolanos, esas personas que dentro y fuera están sufriendo las consecuencias de la situación", dijo.
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Es urgente que el diálogo en México centre su atención en frenar la crisis humanitaria que tanto daño hace a millones de sus compatriotas, pero también se tienen que poner fin a las prácticas de violaciones de derechos humanos productos de abusos de poder, y en largo plazo, los negociadores y facilitadores deben encontrar la solución al conflicto político con la apertura de espacios de participación en igualdad de condiciones, concluyó.
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