La organización no gubernamental Human Rights Watch dijo que ha documentado 35 casos de venezolanos que enfrentan o han sido amenazados con cargos criminales por criticar públicamente al gobierno.
HRW afirma que el gobierno del presidente Nicolás Maduro usa el sistema judicial “como una fachada” y sus jueces se han convertido en sus “obedientes soldados”.
La organización de derechos humanos destacó el caso de Fray Roa Contreras, un directivo de la Asociación de Empresas Licoreras, que fue detenido el 24 de julio, un día después de criticar la política económica del gobierno durante una entrevista con la cadena CNN.
Roa Contreras enfrenta acusaciones de difundir información falsa que “cause pánico”.
El jueves, Maduro y y el gobernador del céntrico estado Aragua, Tareck El Aissami, también acusaron a la cadena estadounidense de hacer una "campaña terrorista" contra el país.
"Lo que está haciendo CNN (...) otra vez desde Estados Unidos (...) pero nosotros les desmontamos el plan y ellos saben que se lo estamos desmontando", dijo Maduro durante un Consejo de Ministros.
HRW también cita el caso de Carlos Rosales, presidente de la Asociación Venezolana de Clínicas y Hospitales, quien fue detenido después de declarar a la televisión que faltan los medicamentes en farmacias y hospitales.
Para el director de las Américas para HRW, José Miguel Vivanco, “las autoridades venezolanas han abusado de sus poderes de forma rutinaria para limitar la libre expresión, y eso impide un debate abierto y democrático.
Human Rights Watch apunta que lo más grave es la “ausencia de un poder judicial independiente” que pueda frenar las acciones del Ejecutivo.