Defensores de derechos humanos insisten en exigir respeto a las comunidades indígenas, después de que cuatro miembros de la etnia yanomami murieron en medio de un enfrentamiento con efectivos de la Aviación Militar Venezolana cuando los funcionarios se negaron a compartirles el acceso a internet.
Miguel Rodríguez, gobernador del estado Amazonas, en el sur de Venezuela, confirmó que los hechos ocurridos el domingo dejaron “4 fallecidos y 5 heridos”.
“Una verdadera tragedia fue ocasionada por algo que pudiese ser visto como irrelevante en cualquier otro lugar. Sin embargo, al no tener la información necesaria para tratar con culturas ancestrales con cosmovisiones distintas, cualquier funcionario confundido puede generar situaciones dolorosas”, escribió en su cuenta en Facebook.
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, informó el miércoles que dos fiscales, junto a una comisión de expertos de la policía científica, se trasladaron al lugar de los hechos para hacer “las experticias pertinentes y determinar las responsabilidades a que haya lugar”.
Giovanny Espinoza, defensor de derechos fundamentales del estado Amazonas, relató a la Voz de América que el router que suministra internet a la zona es propiedad de la comunidad indígena y que fue concedido en calidad de préstamo al destacamento militar.
“Estos se negaron a darles la clave de acceso al Wifi, y eso desató un conflicto entre los uniformados y los indígenas”, detalló.
De acuerdo con Romel Guzamana, diputado indígena del Parlamento de 2015 por el estado Amazonas, desde hace un mes los yanomami estaban solicitando el equipo, pero a cambio de devolverlo “los militares les pedían oro, a lo que ellos se negaron”.
También lea Denuncias sobre muerte y extorsión en el campo venezolanoEspinoza condenó los hechos de violencia y destacó la vulnerabilidad de los pueblos originarios que se rigen bajo “sus propias leyes, cultura y tradición”. Además, subrayó que tienen un tratamiento especial dentro del ordenamiento jurídico venezolano.
Olnar Ortiz, coordinador nacional de Pueblos Indígenas del Foro Penal, recordó que en marzo de 2012 el Estado venezolano firmó un acuerdo amistoso por la matanza de Haximú, ocurrida en 1993 en territorio yanomami en Brasil, cerca de la frontera con Venezuela.
“Diez años después ocurre otra situación hostil contra nuestros hermanos en su propio territorio”, escribió en Twitter.
Ortiz dijo a la VOA que se vulneró el derecho a la vida y a la libre autodeterminación de los pueblos indígenas.
Añadió que, al haberse dado los hechos en jurisdicción indígena, se prevé que debería aplicarse la justicia indígena, sin embargo, aclara, la Constitución venezolana establece que ciertos casos pertenecen a la jurisdicción ordinaria.
“Podríamos decir que se podría establecer un juicio indígena en territorio yanomami para cumplir con los estándares internacionales, con los derechos de los pueblos indígenas y llevarlo a la par con la jurisdicción ordinaria. Sería un caso inédito en Venezuela”, apuntó.
Delsa Solórzano, diputada del Parlamento de 2015, aseguró que el Gobierno venezolano viola la Constitución al no garantizar la protección de los pueblos indígenas, y puntualizó que los hechos “son competencia de la Corte Penal Internacional”.
El Programa Venezolano de Educación Acción por los Derechos Humanos (PROVEA), reaccionó recordando que en 2021 miembros de comunidades indígenas en la frontera con Brasil alertaron sobre el aumento de la presencia de mineros ilegales armados y la complicidad de militares venezolanos con esas agrupaciones.
“Desde 2013 ha insistido permanentemente en los graves riesgos que conlleva la militarización de territorios y comunidades indígenas, sin un enfoque multidimensional de respeto y protección a los modos de vida y costumbres de estos pueblos”, expuso el programa en Twitter.
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