Unos 408 medios de comunicación han cerrado en Venezuela en los últimos 20 años como resultado de un largo proceso de cierre de espacios de informacion y libre ejercicio del periodismo en el país petrolero, y los mayores afectados han sido las emisoras de radio.
La Organización no Gubernamental (ONG) Espacio Público señala al presentar los datos para su informe anual 2023, que los cierres de medios de comunicación en Venezuela se han dado en “un contexto en el que la ciudadanía precisa informarse, en medio de una emergencia humanitaria compleja, desigualdad profunda y una ola de migración masiva”.
Según el recuento de esta ONG, en las dos últimas décadas dejaron de operar 285 emisoras de radio a nivel nacional, lo que implica un porcentaje del 71 % de los medios clausurados.
“Estos cierres fueron ejecutados por la Comisión Nacional de Telecomunicación (CONATEL), quienes actuaron, en ocasiones, en compañía de cuerpos de seguridad. En la mayoría de los casos, los funcionarios alegaron que las estaciones radiales se encontraban operando de forma clandestina, al no tener su estatus legal apegado a la ley”, dice la organización.
Espacio Público también ha advertido de la falta de información que impera en Venezuela en estados como Falcón, donde operan 36 estaciones de radio, pero 29 de esas sólo emiten música y contenidos afines al gobierno.
La situación se agravaría al contarse 13 estados del país que no tienen medios de comunicación independientes tras los cierres; entre estos se encuentran: Amazonas, Apure, Aragua, Barinas, Cojedes, Delta Amacuro, Falcón, Guárico, Mérida, Monagas, Portuguesa, Sucre y Trujillo.
También lea Habilitar o no a María Corina Machado, una “prueba de fuego” para la política en VenezuelaSegún el observatorio, la situación se ha agudizado con la crisis económica, el bloqueo a internet y la presión del gobierno para callar a las voces disidentes desde esos medios de comunicación.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha advertido y denunciado la “mordaza al periodismo independiente” en el país sudamericano y ha reiterado a la comunidad internacional a mantener sobre la línea esas denuncias contra un gobierno que “atropella el derecho a la libertad de expresión de sus ciudadanos”.
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