52 organizaciones de 16 países, la Conferencia Episcopal Venezolana y otras condenan la violencia del Estado y exigen investigar a los responsables.
La Coalición de Organizaciones por los Derechos Humanos en las Américas –de la que son parte Aministía Internacional, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y decenas de organizaciones regionales y nacionales latinoamericanas—se pronunció en contra de la violencia en Venezuela.
En un comunicado firmado por 52 ONGs de 16 países, la Coalición dice que “el Estado venezolano debe llevar a cabo investigaciones de oficio, independientes, imparciales y efectivas, para el esclarecimiento de los hechos violentos, independientemente si fueron perpetrados por participantes en las protestas, grupos armados civiles o si ocurrieron como consecuencia del uso excesivo de la fuerza por parte de funcionarios policiales o militares venezolanos.
La Coalición recuerda que “los cuerpos de seguridad de un Estado deben encarar las situaciones de perturbación del orden público mediante la aplicación de medios y métodos respetuosos de los derechos humanos”.
“El uso de la fuerza letal y las armas de fuego por parte de funcionarios del Estado –lee el comunicado—debe ser excepcional y estar limitado por los principios de proporcionalidad, necesidad y humanidad”.
Un comunicado similar fue emitido por la Conferencia Episcopal Venezolana y 22 ONGs, incluidas 12 que integran el Foro por la Vida.
“Rechazamos rotundamente el empleo de la fuerza ejercida en algunas manifestaciones por parte de organismos de seguridad del Estado, que se han extralimitado y han producido consecuencias irreparables".
"Comprobamos además la indefensión de la ciudadanía ante la irrupción de grupos armados no policiales ni militares que han arremetido contra la población”, indica el comunicado de la CEV.
La Iglesia católica asegura que urge un diálogo nacional en el que, además de buscar la verdad, se reconozca y se respete a quienes piensan distinto. “Se requiere un cambio radical en el lenguaje: que no sea ni descalificador ni ofensivo”, señala.
En un comunicado firmado por 52 ONGs de 16 países, la Coalición dice que “el Estado venezolano debe llevar a cabo investigaciones de oficio, independientes, imparciales y efectivas, para el esclarecimiento de los hechos violentos, independientemente si fueron perpetrados por participantes en las protestas, grupos armados civiles o si ocurrieron como consecuencia del uso excesivo de la fuerza por parte de funcionarios policiales o militares venezolanos.
La Coalición recuerda que “los cuerpos de seguridad de un Estado deben encarar las situaciones de perturbación del orden público mediante la aplicación de medios y métodos respetuosos de los derechos humanos”.
“El uso de la fuerza letal y las armas de fuego por parte de funcionarios del Estado –lee el comunicado—debe ser excepcional y estar limitado por los principios de proporcionalidad, necesidad y humanidad”.
Un comunicado similar fue emitido por la Conferencia Episcopal Venezolana y 22 ONGs, incluidas 12 que integran el Foro por la Vida.
“Rechazamos rotundamente el empleo de la fuerza ejercida en algunas manifestaciones por parte de organismos de seguridad del Estado, que se han extralimitado y han producido consecuencias irreparables".
"Comprobamos además la indefensión de la ciudadanía ante la irrupción de grupos armados no policiales ni militares que han arremetido contra la población”, indica el comunicado de la CEV.
La Iglesia católica asegura que urge un diálogo nacional en el que, además de buscar la verdad, se reconozca y se respete a quienes piensan distinto. “Se requiere un cambio radical en el lenguaje: que no sea ni descalificador ni ofensivo”, señala.