La Plataforma Unitaria de la oposición de Venezuela denunció este lunes un "escalamiento" de las violaciones a los acuerdos firmados en Barbados por parte del oficialismo y exigió el cumplimiento “pleno” de los mismos para lograr avances.
La delegación opositora, que se reunió con su contraparte del oficialismo y representantes de Noruega, país mediador en el proceso, consignó dos documentos en los que enumeran algunas de las violaciones, entre ellas una campaña contra la primaria, persecución política y la reciente suspensión de actividades de la oficina del Alto Comisionado para DDHH de la ONU.
“Estorba una oficina que se dedica a velar por los DDHH, además de una forma tan bajo perfil, pero que muchos de los presos del país acudían a ella y finalmente la detención de Rocío San Miguel, de su grupo familiar”, dijo en conferencia de prensa Gerardo Blyde, coordinador de la delegación opositora.
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Gobierno y oposición de Venezuela retoman contactos
Defensores de DDHH denunciaron la semana pasada la detención arbitraria y desaparición forzada de la abogada experta en asuntos militares Rocío San Miguel y cinco familiares acusados de estar vinculados a planes conspirativos contra el gobierno.
El coordinador de la delegación opositora expresó que los venezolanos necesitan certezas, entre ellas una fecha de las elecciones presidenciales, pero insistió en que mientras tanto se puede avanzar en diversos aspectos, entre ellos la apertura del Registro Electoral, con operativos “serios” y la emisión de invitaciones a misiones de observación electoral para los comicios.
También lea Maduro elimina exoneración de impuestos en una Venezuela con enorme carga fiscal“Hay que desescalar la represión" y buscar condiciones "que permitan un proceso electoral transparente", señaló Blyde.
En octubre, el gobierno y la Plataforma Unitaria de la oposición acordaron celebrar elecciones en el segundo semestre del 2024. También se comprometieron a “reconocer y respetar” el derecho de cada actor político de seleccionar a su candidato, así como promover de manera conjunta ante el CNE las garantías electorales para todos los actores dispuestos a participar en el proceso electoral.
Jorge Rodríguez, jefe de la delegación oficialista, también dijo este lunes que la oposición ha violado los acuerdos y aseguró que la Plataforma Unitaria acudió a una reunión para presentar una propuesta de calendario electoral que procederían a analizar.
Al respecto, Blyde, cuestionó “manipulaciones mediáticas” y aseguró que “no es justo” querer enmarcar los hechos dentro de otra fórmula.
La semana pasada Rodríguez llamó a la delegación opositora a sumarse a las consultas del Parlamento de mayoría oficialista con diversos sectores de la sociedad civil para definir una propuesta de calendario electoral para las elecciones presidenciales que será presentada ante el Consejo Nacional Electoral.
Tras la firma del Acuerdo de Barbados sobre garantías electorales, EEUU emitió licencias que alivian de manera temporal las sanciones sobre el sector del petróleo y gas venezolano.
También lea ¿Qué implicaciones tiene suspensión de actividades de la oficina del Alto Comisionado de DDHH de la ONU en Venezuela?Pero el mes pasado, tras la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano de ratificar la inhabilitación para ejercer cargos públicos de María Corina Machado, quien ganó la primaria opositora con más de 2 millones de votos, EEUU reimpuso sanciones a la empresa de oro estatal venezolana Minerven y anunció que no renovará las licencias que alivian las sanciones al sector energético de Venezuela cuando expiren en abril si el gobierno no honra sus compromisos.
Una inhabilitación política es una sanción contra funcionarios públicos que hayan cometido irregularidades en su gestión o que afecten el patrimonio público y les impide, por un tiempo determinado por las autoridades, ejercer cargos.
Inhabilitaciones como las de Machado han sido administrativas, a través de la Contraloría General de la República (CGR) y cuestionadas por no darse mediante un proceso judicial.
Distintos sectores de la sociedad civil han denunciado que las inhabilitaciones son “arbitrarias” y que han sido utilizadas por el gobierno para “sacar de juego” a opositores o chavistas disidentes que aspiran a un cargo de elección popular.
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