El presidente Barack Obama emitió una nueva orden presidencial que declara a Venezuela "amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos".
En la carta que el presidente envió al presidente de la Cámara de Representantes, Obama especifica las razones por las cuales considera a Venezuela una amenaza a la seguridad nacional.
“La situación en Venezuela, incluyendo la erosión de las garantías de derechos humanos por el gobierno, la persecución de opositores políticos, restricción de la libertad de prensa, el uso de la violencia y violaciones a los derechos humanos y los abusos de Venezuela en respuesta a las protestas contra el gobierno, y el arresto arbitrario y la detención de manifestantes antigubernamentales, así como la exacerbada presencia de corrupción pública significativa; constituyen una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos”, señala Obama en la misiva.
En una declaración divulgada por el secretario de Prensa, se advierte que la orden se implentará y ampliará contra quienes “violen los derechos humanos de ciudadanos venezolanos y que se involucren en actos de corrupción pública no serán bienvenidos” a Estados Unidos.
"Estamos comprometidos por hacer avanzar el respeto por los derechos humanos, al proteger los institutos democráticos, y al proteger el sistema financiero de EE. UU. de los flujos financieros ilícitos de la corrupción pública en Venezuela", dice el gobierno en una hoja informativa que acompaña la declaración.
"La orden presidencial no se enfoca en la gente o la economía de Venezuela", añade.
Las sanciones implementan la Ley de defensa de derechos humanos y sociedad civil de 2014 de Venezuela, que el presidente firmó el 18 de diciembre de 2014, y además van más allá de los requisitos de esta legislación.
Lea aquí la declaración completa.
“Ahora tenemos las herramientas para bloquear sus bienes y su uso de los sistemas financieros de EE. UU.“, advierte la declaración.
La medida, se explica, fue tomada por la preocupación de que el gobierno de Nicolás Maduro este incrementando la intimidación de sus oponentes políticos.
“Los problemas de Venezuela no se pueden resolver al criminalizar la disidencia”, dice el comunicado, que hace un llamado a liberar “a todos los prisioneros políticos, que incluyen a docenas de estudiantes, al líder de la oposición, Leopoldo López y los alcaldes Daniel Ceballos y Antonio Ledezma”.
“La única manera de resolver los problemas de Venezuela es a través del diálogo verdadero, y no deteniendo a los oponentes e intentando silenciar las críticas”, subraya el comunicado.
La orden presidencial se enfoca en aquellos que el Departamento del Tesoro determine, mediante una consulta con el Departamento de Estado, que estén involucrados en:
- Acciones o políticas que debiliten los procesos o institutos democráticos; actos significativos de violencia o conductas que constituyan un serio abuso o violación de los derechos humanos, incluidos aquellos contra personas involucradas en protestas antigubernamentales en Venezuela a partir de febrero de 2014;
- Acciones que prohíban, limiten o penalicen el ejercicio de la libertad de expresión o reuniones pacíficas; o
- Corrupción pública de los altos funcionarios dentro del gobierno de Venezuela.
La orden presidencial también autoriza al Departamento del Tesoro, a enfocarse en cualquier persona determinada a:
- Ser un líder actual o ex líder de cualquier entidad que tiene, o cuyos miembros se hayan, involucrado en cualquier actividad descrita en la orden presidencial o de una entidad cuyas propiedades e intereses en propiedades estén bloqueados o congelados de conformidad con la orden presidencial; o
- Ser un funcionario actual o ex funcionario del gobierno de Venezuela.
La declaración termina recordando que Estados Unidos sigue comprometido con mantener “vínculos fuertes y duraderos” con la gente de Venezuela y abierto para mejorar la relación con el gobierno venezolano.