La corporación estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) informó que sólo le pagará a Exxon Mobil 255 millones de dólares en dos meses en compensación por la nacionalización de sus activos realizada en el 2007, lo que está muy por debajo de la suma que estaba reclamando inicialmente la firma estadounidense.
PDVSA indicó el lunes en un comunicado que de los 907 millones de dólares que la Cámara de Comercio Internacional (ICC) determinó que la estatal petrolera debía pagarle la Exxon Mobil, se descontarán 652 millones de dólares por obligaciones pendientes por préstamos y sumas congeladas como parte del litigio.
La empresa precisó que del monto a compensar descontará 191 millones de dólares que la firma estadounidense "debe a PDVSA por la cancelación que esta hizo del saldo pendiente de bonos por préstamos para el financiamiento del proyecto Cerro Negro"; 300 millones de dólares que Exxon Mobil "solicitó congelar en cuentas de PDVSA en Nueva York durante las acciones legales", y 160 millones de dólares de "reconversiones que el tribunal ICC acredita a PDVSA".
La estatal petrolera consideró como una "defensa exitosa" la decisión de la ICC, y aseguró que la compensación es "consistente con lo que ha declarado públicamente desde el principio, es decir, que las demandas de Exxon Mobil eran muy exageradas".
"Si Exxon Mobil hubiese estado dispuesta a aceptar una compensación razonable, que el tribunal arbitral ha confirmado, no hubiese sido necesario un arbitraje", agrega.
Exxon Mobil había reclamado inicialmente a PDVSA unos 12.000 millones de dólares en compensación por sus activos, lo que ha llevado a algunos analistas a considerar que con el fallo de la ICC la firma estadounidense salió desfavorecida.
Aunque la gigante estadounidense no ha precisado si el monto acordado por la ICC compensa las millonarias inversiones que realizó en Venezuela, analistas manifestaron que para Exxon Mobil es un "logro" recuperar "por lo menos algo".
El Estado venezolano enfrenta más de una docena de casos de arbitraje con empresas que demandan miles de millones de dólares en concepto de indemnización por las nacionalizaciones realizadas en los últimos seis años.