WASHINGTON (AP) - El secretario general de la OEA, Luis Almagro, se pronunció el jueves a favor de sanciones adicionales contra funcionarios y el aparato financiero venezolanos que lleven al presidente Nicolás Maduro a celebrar elecciones imparciales.
“El camino diplomático que queda por delante es el camino de las sanciones y de negociaciones serias para la redemocratización”, dijo el uruguayo a reporteros en la sede de la organización. “Tiene que haber sanciones cada vez más duras, que permitan que el régimen venezolano estructure un proceso electoral claro”.
The Associated Press solicitó un comentario a la embajada venezolana, sin obtenerla de inmediato.
Almagro se pronunció a favor de aumentar las sanciones no solamente contra funcionarios del gobierno venezolano, sino también contra el aparato financiero de la nación sudamericana.
Además de haberle congelado bienes en Estados Unidos y suspender visas a docenas de funcionarios, el gobierno del presidente Donald Trump prohibió a firmas estadounidenses hacer nuevos préstamos a Venezuela por considerar que el gobierno de Caracas violó los derechos humanos durante las protestas antigubernamentales de 2017 que dejaron más de 120 muertos.
Canadá y la Unión Europea también se sumaron a las sanciones.
Almagro dijo que la meta final es la celebración de un sistema electoral nuevo que permita votar incluso a los venezolanos expatriados.
“Si hay algo que nos da una dimensión de la crisis es la migración de cuatro millones de venezolanos en los últimos años. Es una migración más alta que la que ha habido desde el Medio Oriente a Europa”, indicó.
La constitución venezolana establece que este año culmina el sexenio presidencial, pero el gobierno de Maduro aún no ha fijado una fecha para los comicios.
Almagro agregó que los tres expertos designados por él le pidieron hasta fines de mes para elaborar un informe sobre la posibilidad de que Venezuela haya sido escenario de crímenes de lesa humanidad que ameriten ser investigados por la Corte Penal Internacional.
Venezuela, que en abril de 2017 inició un trámite de dos años para abandonar la OEA, se opone a la elaboración de tal informe por considerar que no corresponde a la misión del organismo.