Dos organizaciones internacionales de derechos humanos denunciaron este martes en un informe las condiciones a las que las autoridades venezolanas someten a alrededor de 130.000 ciudadanos que han regresado de otros países y el peligro de contagio de COVID-19 en que se encuentran.
Human Rights Watch y el Centro de Salud Pública y Derechos Humanos y el Centro de Salud Humanitaria de la Universidad Johns Hopkins afirman que hallaron condiciones insalubres y de hacinamiento en los centros donde se obliga a los retornados a cumplir cuarentena, con escaso acceso a alimentos, agua o atención médica.
El informe dice que algunos retornados que protestaron por las condiciones fueron amenazados con ser detenidos y a muchos se les ha exigido permanecer en los centros de cuarentena por semanas adicionales a los 14 días recomendados por la Organización Mundial de la Salud.
Los repatriados dicen que estas medidas se deben a demoras en los test de diagnóstico y a un protocolo de pruebas innecesariamente complejo, que incrementa el peligro de transmisión de COVID-19 en las instalaciones.
“En teoría, las cuarentenas tienen que estar de 14 días, pero hemos documentado casos de semanas”, dijo a la Voz de América Tamara Taraciuk Broner, subdirectora interina para las Américas de Human Rights Watch.
Según Taraciuk, “lo que pasa en la práctica es que cuando llegan los meten a este vacío que pueden dar un resultado negativo y luego los meten en estos centros hacinados, donde no hay agua donde conectan al aire y en la práctica lo que pasa es que terminan transformando el lugar donde es más probable que se contagien por la nariz que con tener al día”.
“Enviar a los retornados a centros de cuarentena insalubres y sobrepoblados, donde es imposible cumplir con las medidas de distanciamiento social, es una fórmula perfecta para propagar el COVID-19”, dijo la doctora Kathleen Page, médica y académica de la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins y los Centros de Johns Hopkins.
Los repatriados, que son parte de los 5 millones de venezolanos se han ido del país huyendo de la crisis política, económica, humanitaria y de derechos humanos, se han visto obligados a regresar debido a las condiciones de confinamiento en los países vecinos debido a la pandemia, que complicaron su capacidad de ganarse la vida.
Alrededor de 130.000 venezolanos han regresado a su país, en muchos casos atravesando difíciles circunstancias, según autoridades venezolanas y actores humanitarios, dice el informe.
El 11 de junio, el presidente en disputa, Nicolás Maduro, expresó que su gobierno iba “a seguir recibiendo a todos los venezolanos que vienen con amor”. Sin embargo, el gobierno ha estigmatizado en reiteradas oportunidades a los retornados, a quienes acusa de llevar el virus a Venezuela.
Human Rights Watch y los Centros de Johns Hopkins dijeron que el gobierno venezolano tiene la obligación de cuidar de aquellos que están en sus centros de cuarentena y está obligado a atender sus necesidades básicas, como el acceso adecuado a alimentos, agua, saneamiento, artículos de higiene y atención médica.
El hacinamiento hace que el distanciamiento social resulte imposible y se agrave el riesgo de transmisión del coronavirus.
Hasta el 6 de octubre, Venezuela había confirmado 79.117 casos de COVID-19 y 658 muertes, pero es muy probable que la cifra real sea mucho mayor, dice el informe.
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También exhortaron a los ministros de Relaciones Exteriores de los países latinoamericanos del Proyecto de Quito que se reunirán en línea la semana del 19 de octubre que deben abordar con urgencia la situación de los retornados venezolanos.
“El proyecto de Quito se creó para tratar de generar una respuesta común y coordinada. Y hoy el tema de los retornados debe estar en la agenda de los gobiernos que han preocupado por la situación del estado venezolano”, explicó Taraciuk.
¿Por qué?, añadió: “Por un lado, la situación en la frontera entre Colombia y Venezuela es particularmente preocupante, hablando de miles de venezolanos varados del lado colombiano para ingresar a Venezuela. No hay ningún protocolo formalizado entre autoridades militares de ambos países para saber realmente cuántos hay de un lado o del otro”.
“¿Qué pasa si una persona pasa a cuarentena o regidor del lado colombiano? Una vez que ingresa a Venezuela, no tendría ningún sentido que tenga que estar sometido a las condiciones que los PACI (centros del gobierno para los repatriados”, aun así ocurre”, dijo Taraciuk.
Lo que se está pidiendo a los gobiernos que van a buscar el marco teórico en el tema de los retornados es que soliciten que Naciones Unidas lidere un esfuerzo para que exista un protocolo en las fronteras de Colombia, Venezuela y que financien estos esfuerzos para mejorar la situación de los retornados, concluyó.