La Corte Penal Internacional reclasificó como público un documento de su Fiscalía donde dice haber observado “inacción” por parte del Estado venezolano ante crímenes de lesa humanidad desde 2017 y reivindica su competencia para investigarlos en una fase aún por definirse.
El texto, que incluye las observaciones de la fiscal saliente Fatou Bensouda ante la Sala de Prejuicio de la Corte Penal Internacional sobre el caso venezolano, precisa que existe “una base razonable” en su investigación para creer que “se han cometido crímenes en Venezuela dentro de la jurisdicción de la CPI”.
Su informe, fechado el 15 de junio pasado, es decir, un día antes de dejar su cargo en manos del nuevo fiscal Karim Khan, remarca que existen elementos para creer que, desde abril de 2017, autoridades civiles, miembros de las fuerzas armadas e individuos simpatizantes del gobierno de Nicolás Maduro “han cometido delitos contra la humanidad mediante el arresto u otra privación severa de libertad física, tortura, violación y/o otras formas de violencia sexual y persecución contra cualquier grupo identificable por razones políticas”.
Se trata de la versión pública de un escrito que ya había sido entregado con anterioridad, el 15 de junio, cuando Bensouda aún era fiscal jefa de la CPI. Son sus observaciones como respuesta a la exigencia de control judicial que intentó ante la Sala de Prejuicio el fiscal designado por la oficialista Asamblea Nacional Constituyente y exgobernador del partido de Maduro, Tarek William Saab.
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Fiscalía de la CPI denuncia "inacción" del Estado venezolano ante crímenes de lesa humanidad
Al referirse al principio de complementariedad, la exfiscal Bensouda precisó que su oficina concluyó que las denuncias sobre crímenes de lesa humanidad le llevaron a pensar que el caso venezolano sería “admisible” para investigar.
“Los casos potenciales que probablemente surgirían de una investigación de estos presuntos crímenes serían admisibles de conformidad con el artículo 17” del Estatuto de Roma, detalla en su reporte ante la Sala de Prejuicio.
Y, sobre la responsabilidad de las autoridades venezolanas, añade: “habiendo revisado la información entregada por las autoridades domésticas, los casos potenciales que surgirían de una investigación de la situación serían admisibles en los términos de inacción” del Estado venezolano.
La decisión de definir si el expediente de presuntos crímenes contra la humanidad en Venezuela desde 2017 quedó, desde entonces, en manos del fiscal entrante, el británico Karim Khan. El abogado no se ha pronunciado al respecto.
Actitud "incompatible"
Bensouda se refiere en su informe al “número limitado de procedimientos domésticos relevantes relacionados a los potenciales casos identificados por la Fiscalía” de la Corte Penal Internacional, así como a “su alcance muy limitado en relación con sus hallazgos, y la falta de pasos concretos y progresivos en esos casos para determinar la responsabilidad penal de los sospechosos”.
Su reporte concluye que las autoridades venezolanas “no están realmente dispuestas a investigar o enjuiciar esos casos” y advierte, asimismo, que ha habido procedimientos internos o decisiones en el país suramericano que buscan “proteger a las personas de la responsabilidad penal”.
Observa que hubo una actitud “incompatible con la intención de llevar al interesado ante la justicia, de conformidad con el artículo 17” del Estatuto.
También lea Almagro pide “acción fuerte” internacional para recuperar la democracia en VenezuelaTarek William Saab, fiscal general venezolano designado por la ANC, consideró este jueves que las observaciones de la exfiscal Bensouda “carecen de valor alguno” y las calificó como “gratuitas e inveraces”.
En un comunicado, estimó que las actuaciones de la exfiscal de la CPI “se llevaron de manera unilateral y sin tener en cuenta la colaboración efectiva ofrecida de buena fe, ni la documentación presentada”.
Reiteró su invitación al nuevo fiscal Khan a que visite Venezuela para comprobar in situ “los esfuerzos realizados por las instituciones” del país para investigar y sancionar los delitos mencionados en los informes de la CPI.
El gobierno de Nicolás Maduro ha calificado el caso como una “gran farsa” y ha insistido en que las exposiciones del fiscal designado Saab son suficientes para desmontarla.
“El Estado venezolano defendió la paz y la tranquilidad de nuestro pueblo frente a manifestaciones extremadamente violentas. Nosotros hemos ido desmontando caso por caso”, dijo en mayo la vicepresidenta Delcy Rodríguez.
Julio Borges, comisionado del llamado gobierno interino del líder opositor Juan Guaidó para las relaciones exteriores, valoró que el documento de la CPI ratifica “la falta de independencia” del sistema de justicia venezolano.
“La falta de instituciones libres en Venezuela convierte a la CPI en la única instancia a la cual pueden acudir las víctimas para lograr justicia, verdad y reparación. Los delitos de Maduro no cesan, por eso urge que se avance a la fase de investigación”, consideró el dirigente del partido opositor Primero Justicia.
Documento inédito
El documento reclasificado como público esta semana es el último que faltaba por publicarse como consecuencia del “recurso dilatorio” que introdujo el fiscal venezolano para impedir un pronunciamiento de la exfiscal Bensouda, explica Ali Daniels, abogado y director de la organización Acceso a la Justicia.
Si bien no precisa que el caso venezolano pasa a la fase de investigación ante la Sala de Juicio, el documento de Bensouda es “importante” porque evidencia que la CPI es competente cuando los tribunales domésticos no actúan y refleja la “inacción” del Estado venezolano ante estas denuncias, remarca Daniels.
“Que la Fiscalía haya hablado de inacción pone de manifiesto que todas estas informaciones que ha llevado la Fiscalía (venezolana de Saab) no son suficientes, sino que han sido un maquillaje institucional sin ningún contenido de fondo”, expresa en entrevista con la Voz de América.
Sara Fernández, abogada consultora de derecho internacional y derechos humanos de la organización sin fines de lucro CEPAZ, también subraya la conclusión de “inacción” del Estado venezolano que hizo la exfiscal Bensouda.
Precisa que el expediente de Venezuela se encuentra a la espera de que el nuevo fiscal de la CPI “dé formalmente su decisión final para ver si se va a abrir una investigación formal” sobre presuntos delitos contra la humanidad.
“No tiene ningún lapso, es un punto controvesial dentro del derecho penal internacional. Puede tomarse todo lo que considere necesario para hacer pública esta decisión”, señala Fernández en conversación con la VOA.
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