EE.UU. exige aclaración a un año de la muerte de militar en poder del gobierno en disputa de Venezuela

Mujeres colocan flores en honor al capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, en el exterior del edificio del Comando General de la Marina en Caracas, Venezuela, el 1 de julio de 2019.

La embajada virtual de Estados Unidos en Venezuela denunció este lunes "que a un año del fallecimiento del capitán Rafael Acosta Arévalo mientras estaba bajo custodia de las autoridades militares, las causas de su muerte aún no han sido aclaradas por las autoridades".

En un mensaje en Twitter, la sede diplomática dijo además que "la dignidad humana no debe ser vulnerada".

También su viuda, Waleswka Pérez, demandó el domingo justicia para su esposo y acusó al gobierno en disputa de Nicolás Maduro de haber torturado al capitán Acosta hasta matarlo.

Acosta murió el 28 de julio de 2019, pero el gobierno de Maduro nunca ha explicado las causas de su muerte, pero detalles filtrados de la autopsia del cadáver reflejaron que pereció de un "edema cerebral severo debido a insuficiencia respiratoria aguda” causada por “rabdomiólisis por politraumatismo generalizado".

La familia del militar y el gobierno encargado del presidente Juan Guaidó afirman que Acosta fue sometido a torturas en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).

Guaidó informó el domingo por Twitter que conversó con Walewska y se solidarizó con “su búsqueda por justicia” y la de “todos los que luchan por la libertad”.

Los familiares denunciaron también que el entierro estuvo a cargo del estado, bajo fuertes medidas de seguridad, con la presencia de su madre, una hermana y una cantidad importante de funcionarios, según informó la prensa en esa ocasión.

Dos días antes, el 26 de junio de 2019, el ministro de Comunicación de Maduro, Jorge Rodríguez, acusó en cadena nacional a Acosta de “magnicidio, terrorismo, atentados”.

En octubre de 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares de protección a favor de familiares de Acosta en Venezuela, tras considerar que se encontraban en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos.