La propuesta de que las Naciones Unidas designe a un enviado especial para la frontera entre Colombia y Venezuela es conveniente y positiva tanto para la seguridad regional como para los derechos de millones de habitantes de esa zona, de 2.200 kilómetros, aunque la idea depende en definitiva de la venia de ambos gobiernos, advierten analistas.
Organizaciones de la sociedad civil de los dos países presentaron la iniciativa la semana pasada, cuando escalaba el conflicto armado entre las Fuerzas Armadas venezolanas y presuntos guerrilleros colombianos en el estado Apure.
Los enfrentamientos ya han dejado al menos ocho uniformados fallecidos y 34 heridos, según cifras oficiales. Provocaron, asimismo, el desplazamiento forzado de aproximadamente 5.000 personas hacia territorio colombiano, de acuerdo con reportes de la ONG internacional Human Rights Watch.
El enviado especial de la ONU está adscrito a la oficina del secretario general del organismo. Suele ser una persona con amplia experiencia diplomática cuya misión es tratar asuntos concretos.
Actualmente, la organización multilateral tiene enviados especiales en zonas en conflicto, como Sudán, Siria, Yemen, pero también cuenta con esas figuras en asuntos variopintos, como el tema de discapacidad y accesibilidad, la reducción de riesgo de desastres y agua, o el cambio climático. Algunos de los designados tienen entre siete y ocho años de funciones en sus nombramientos.
Rocío San Miguel, directora de la organización venezolana sobre seguridad y defensa Control Ciudadano, explica que una eventual designación de tal figura aliviaría los efectos de la clausura de relaciones diplomáticas binacionales y el cierre intermitente desde 2016 de la frontera común.
“Es para dar respuesta a la dinámica de una frontera viva que afecta de lado y lado a al menos cinco millones de habitantes. Pensamos que un enviado especial para el conflicto fronterizo podría encaminar soluciones concretas”, comenta San Miguel, abogada, a la Voz de América.
Los objetivos de un enviado especial para los límites entre Venezuela y Colombia serían, en primera instancia, la apertura de mecanismos de diálogo para lograr “un mínimo de entendimiento” entre Caracas y Bogotá, estima.
También, colaboraría con la resolución de las complicaciones para que la población fronteriza realice diligencias mínimas de identidad ante un consulado, el monitoreo de la protección de los derechos humanos, y la vigilancia de los pasos migratorios entre ambas naciones, estima.
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Un asunto de gobiernos
Milos Alcalay, exembajador de Venezuela ante Naciones Unidas, evalúa la iniciativa como “sumamente conveniente” para ambos Estados. Recuerda, sin embargo, que la ONU es un organismo intergubernamental y que serían sus países miembro quienes deben solicitar la presencia de un delegado o una misión que constate in situ los conflictos de la zona fronteriza binacional.
El diplomático señala que existen otras figuras o representantes de la ONU que pudieran intervenir en el conflicto puntual de las últimas dos semanas en Apure, como Acnur o la oficina de la Alta Comisionada para Derechos Humanos.
Subraya que Venezuela no ha sido muy proclive a permitir que delegaciones de las Naciones Unidas constaten los problemas nacionales en su territorio, “a menos que sean muy cercanas a las propuestas del régimen” de Maduro, añade.
También lea Colombia, enfocada en regularizar a los inmigrantes venezolanosFélix Arellano, experto en asuntos internacionales, valora la idea de un enviado especial de la ONU en la frontera común como “importante y conveniente”.
Nota, eso sí, que la idea sería más del agrado de Bogotá que de Caracas. “Creo que eso molestaría mucho a Miraflores, porque los orígenes del problema (presencia guerrillera en Venezuela) indican que hay responsabilidades, facilidades otorgadas, una posición frente a grupos guerrilleros y armados, y eso se le ha complicado a última hora” al gobierno madurista, opina.
A su entender, el poder ejecutivo de Maduro no tiene interés en que figuras del contexto internacional indaguen ni profundicen en el conflicto fronterizo.
Arellano apunta que la designación de un enviado especial no es una iniciativa fácil, sencilla, ni rápida. “Nada en el contexto internacional es rápido”, dice, a la vez que detalla que el nombramiento de un delegado de la ONU puede darse en un debate del organismo multilateral o por decisión de la oficina de Guterres.
A su entender, Rusia y China, aliados de Maduro, podrían ejercer sus influencias en la ONU para apoyar o vetar una delegación en Venezuela.
Advierte que una instancia internacional más inmediata y relativamente sencilla de activar para abordar los conflictos fronterizos sería la Organización de Estados Americanos, de la cual Venezuela se retiró hace años entre acusaciones de presunto intervencionismo de parte de sus voceros e integrantes.
Coordinaciones "mínimas"
Según San Miguel, experta en asuntos militares de Venezuela, el eventual delegado de la ONU tendría dos directrices urgentes: apoyar la actividad técnica de la recolección de minas antipersona instaladas en la zona fronteriza; y facilitar las “coordinaciones mínimas” entre los palacios de Nariño, en Colombia, y Miraflores, en Venezuela, sedes de ambos poderes ejecutivos.
Vladimir Padrino López, ministro de Defensa de Venezuela, informó el lunes que el gobierno de Nicolás Maduro solicitará asesoramiento técnico de la ONU para desactivar las minas antipersona en Apure, en el suroeste del país, donde integrantes de la Fuerza Armada detectaron al menos seis de esos artefactos.
“Enviaremos una carta a la ONU solicitando su apoyo a la FANB en el asesoramiento para desactivar minas antipersonales y limpiar el área de conflicto. Nuestros ingenieros tienen el conocimiento, pero es importante contar con ese asesoramiento”, manifestó el oficial en conferencia de prensa.
El propio presidente Maduro confirmó las diligencias ante la oficina del secretario general de las Naciones Unidas, el portugués António Guterres. Su canciller, Jorge Arreaza, pediría esa “inmediata ayuda de emergencia”.
Sobre las declaraciones de Maduro y Padrino López, el embajador Alcalay dice que “ya es un paso”. Sostiene que ello no ameritaría una misión técnica para solamente detectar y desmontar minas, sino que involucraría una evaluación más profunda de los temas de seguridad de la frontera colombo venezolana.
Para San Miguel, ambos pronunciamientos son una “sorpresa” que le da esperanza de que se den los primeros pasos para la designación de una figura que represente los intereses de las Naciones Unidas en la zona fronteriza.
Remarca que tal nombramiento debe contar con la venia de ambos gobiernos. Da por descartado que Colombia, por su larga experiencia de coordinación y colaboraciones con la ONU por su histórico conflicto armado, dé su buena pro.
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