Según la Federación de Pensionados y Jubilados de Venezuela en España (FAPEJUVES), en el país europeo hay cerca de 9,000 trabajadores retirados con esa nacionalidad. Aquellos que nacieron en Venezuela y que sólo aportaron allí, no son acogidos por la Seguridad Social española, por lo que dependen de las pensiones abonadas por su país de origen.
Pedro Ontiveros, presidente de la Federación, aseguró a la Voz de América que la falta de ese ingreso ha tenido como consecuencia que el colectivo haya perdido su independencia económica.
“Nosotros pensamos que en la etapa final de nuestra existencia en este mundo pudiéramos vivir en condiciones favorables desde el punto de vista social, de nuestra alimentación, medicamentos, etc. Y no pasar por esta crucifixión a la que estamos sometidos en este momento”, explicó en entrevista con Venezuela 360.
Comenta que las pensiones son “un derecho adquirido que está reconocido en la Constitución y en los principios internacionales”. Afirma que la mayor parte del colectivo cotizó en el Instituto Venezolano de los Servicios Sociales (IVVS) “durante más de 25 años”. Añade que, al no cumplir con su parte del convenio, Venezuela “está violando sus DD.HH.” “Estamos sometidos a un exterminio total. Nos están matando, dicho en palabras muy concretas”.
Los afectados, que se encuentran en situación de vulnerabilidad a nivel económico y social, comentan que, debido a la falta de ingresos, una de sus principales fuentes de ayuda es la caridad pública. Organizaciones como La Cruz Roja o Cáritas, les han brindado apoyo en varias ocasiones. Sin embargo, explican que, debido a la emergencia social que ha creado la pandemia de COVID-19, estos grupos han visto cómo sus recursos se han visto minados.
Desde la federación explican que en algunas comunidades autónomas, como Canarias, Valencia, Asturias o Cataluña, ofrecen ayuda puntual a los afectados. Sin embargo, aunque se muestran agradecidos, comentan que dichos subsidios no resuelven el problema económico y social en el que se encuentran.
“Otras personas han tenido que dejar su vivienda y vivir con familiares o estar en una habitación. Hay gente que prácticamente lo ha perdido todo, porque después de cinco años lo que se generan son deudas”, explica Leslie Borjas, encargada de las Relaciones Internacionales de la Asociación de Pensionados y Jubilados de la Comunidad de Madrid.
Un caso diferente es el de los llamados “retornados”, españoles de nacimiento que emigraron a Venezuela, sobre todo durante la guerra civil española (1936-1939). Ellos, por su origen español, sí que reciben un bono especial por parte del gobierno de España.
Borjas indica que el colectivo ha recurrido a varias instituciones del gobierno de Venezuela, como el Banco Central, pero no han obtenido ninguna respuesta. Comenta que desde la federación seguirán insistiendo ante el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y la cancillería para que reclamen el cumplimento del convenio y se llegue a un acuerdo sobre la deuda.
En el año 2017, en el programa Salvados, de la cadena española La Sexta, el presidente Nicolás Maduro pidió perdón a los jubilados y pensionados venezolanos en España al ser preguntado por el impago de sus pensiones. “Seguramente que estas pensiones, que tienen que ser pagadas en moneda internacional, van a ser resueltas el mes de diciembre. Me estoy comprometiendo, como siempre me comprometo en estos asuntos”, afirmó el mandatario.
Por otro lado, el representante en España del líder opositor Juan Guaidó, explicó que la Asamblea Nacional elegida en 2015 tomó la decisión de reconocer la deuda por el impago de pensiones: “Pero el proceso implica la salida del gobierno para poder tener los recursos y así poner al día esos pagos de los pensionados y jubilados. Mientras tanto, lo que hemos hecho es hacer esfuerzos a través de los ayuntamientos y comunidades para que se produzcan algunas ayudas”.
Venezuela 360 se puso en contacto con el gobierno de Venezuela, pero hasta el cierre de este informe no ha habido respuesta sobre las pensiones impagas.