En cualquier lugar del mundo, tener a un familiar privado de libertad es una situación difícil e incómoda, pero en Venezuela al panorama se le suman una serie de particularidades adicionales.
Fallas en el transporte público o la escasez de combustible que dificultan el traslado para llevarles alimentos, la corrupción en el sistema o las limitaciones para mantener comunicación son algunas de las penurias que enfrentan los familiares de detenidos.
Mariam (*) es madre de una mujer de 40 años que desde hace 9 meses se encuentra en un centro de detención preventiva en el oeste de Caracas. No ha podido verla desde que empezaron las medidas de confinamiento para hacer frente al COVID-19.
Sin embargo, diariamente se traslada hasta el centro de detención para dejarle comida preparada en la puerta. Asegura que, si no lo hace, “se moriría de hambre” porque “ahí no le dan comida a ninguno”.
Vive relativamente cerca del lugar de reclusión de su hija, pero no tiene vehículo, así que debe trasladarse en autobús, porque actualmente el metro sólo pueden usarlo quienes cuenten con un salvoconducto, ya que, en teoría, en las calles sólo debería haber personas relacionadas con “sectores prioritarios”.
Mariam comenta que movilizarse entre el centro de detención y su hogar no representa un “sacrificio” mayor, pero dice saber de casos de madres que vienen de lugares muy lejanos. Igualmente, asegura que la situación por la que atraviesa es “terrible”.
“Tener a un familiar detenido es estar detenido uno también, yo estoy igual de presa que ella. Ella era la que me mantenía a mí, mantenía a mis nietas” sostiene Mariam.
Pocas veces tiene comunicación con su hija y le inquieta no saber cómo se encuentra, pero indica que en ocasiones desde el centro de detención le hace llegar mensajes donde le avisa que “está bien” y le pide no preocuparse.
“Ella iba a juicio el 17 de marzo y el 14 declararon la pandemia. Quisiera que los tribunales funcionen, a ver qué va a pasar, estamos en un limbo”, afirma la madre de la mujer detenida por haber sido “involucrada en una estafa”.
Al igual que el resto de los familiares de privados de libertad que accedieron a conversar con la Voz de América para ofrecer sus testimonios, lo primero que pide es resguardar su identidad; teme que pudiera haber algún tipo de represalia contra su hija.
“Han pasado muchas cosas ahí dentro que la ponen en riesgo” advierte insistentemente sin brindar más detalles.
“Largo viaje”
El hijo de Edy (*) está detenido en un centro penitenciario en San Juan Morros, a unos 350 kilómetros al norte del estado Apure, en la región llanera del país, una zona netamente rural donde ella reside.
No recuerda cuando fue la última vez que visitó a su hijo y lo atribuye a las fallas que su memoria empieza a sufrir a consecuencia de la edad, pero lo que sí tiene claro es que movilizarse para visitarlo y llevarle comida “no es fácil”.
“Si estuviera acá le ayudaría con los alimentos. Yo ni supe cuando lo trasladaron para allá, me enteré después. Me he ido parada en un autobús, llego con los pies hinchados. Cuando voy paso todo el día sin comer, porque me voy en la noche, llego de madrugada y lo que llevo es para él”, detalla.
De acuerdo con Edy, junto a familiares de otros presos que también viajan desde lugares remotos, hasta la hora de la visita le ha tocado acostarse a descansar de la travesía en la acera de las inmediaciones del penal.
“Nos tocaba entrar a la visita a las 9:00 am. Antes le llevábamos algo de alimentos, ahora no hay como pasar para allá, no hay transporte, no tenemos dinero, no conseguimos efectivo”, sostiene.
“Pedir a Dios”
Otro caso es el de Mora (*). Su hija de 25 años está internada desde hace 6 años en un centro penitenciario en el estado Lara, a unos 400 kilómetros al oeste de Caracas.
Asegura que la última vez que la vio fue durante la mañana que anunciaron la cuarentena en el país y hace unos 15 días fue la última vez que llevó “paquetería”, compuesta por alimentos.
“La vez que fui fue horroroso. Prácticamente llegue a pie al penal, yo vivo como a 2 horas de distancia, pedí la cola (aventón), me dejaron en un punto y tuve que seguir caminando”, sostiene la madre de la joven acusada de homicidio.
La mujer insiste en que “es una situación muy difícil” y relata que la nueva modalidad del penal es no permitir que los familiares se acerquen. Unas dos cuadras antes hacen una fila, dejan los paquetes en un camión, sin que sean revisados, y lo que le queda es “pedirle a Dios que eso le llegue”.
Dice que a los familiares los tratan “a veces bien y a veces mal, depende de la guardia que esté” y las requisas y la revisión de la comida se traducen en una situación “incómoda”.
Mora cuenta que su hija se comunica con ella a través de teléfonos “resguardados” por las internas, pues sostiene que “el gobierno más nunca le dio una llamada”.
“Es lo peor que uno puede vivir, porque si ellas no se comunican, uno no sabe nada de y ahí no dan información. Desde la golpiza que le dieron cuando la detuvieron, mi hija quedó convulsionando, es fuerte saber que a veces está enferma y uno no puede hacer nada”, afirma.
Admite que en ocasiones el gobierno le suministra el medicamento para evitar las convulsiones, pero en este momento no tiene el fármaco y ella no cuenta con los recursos para comprarlo.
Mora denuncia que, como en otros centros penitenciarios, allí falta el agua y afirma que, si no les llevan comida, las reclusas comen, pero “muy poco”.
“Ella me envió la foto de una taza de arroz que le sirven a mediodía. En la mañana le dan una panqueca, yo probé esa panqueca un día de visita, eso es simple. Le dan agua de pasta. Esta semana me dijo que mejoró un poco la comida, pero hay veces que solo le dan comida una vez al día y nada de proteínas” detalla.
Mora dice conocer bien la situación en los penales, pues también tuvo un hijo preso que recorrió diversas cárceles durante 9 años. Narra que dos meses después de quedar en libertad hace un año, fue “asesinado por las FAES” dentro de su vivienda, donde ella también fue “víctima”, porque la “golpearon”.
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Además, tiene un sobrino recluido en un centro penitenciario ubicado en el estado Bolívar, una zona remota al sur del país, a más de 800 kilómetros de distancia desde donde ella y su familia viven.
“Ahí no llega nada, hay muchas enfermedades, mi sobrino está totalmente desnutrido. No podemos llegar hasta allá y ahí si es verdad que no le dan comida, él dice que si le dan una vez al día es mucho”, comenta Mora con tono resignado.
Posición del gobierno en disputa
En una entrevista concedida a la emisora local Unión Radio el pasado 18 de mayo, la ministra de Asuntos Penitenciarios del gobierno en disputa, Iris Varela, aseguró que “el tema penitenciario no es un problema en Venezuela” y afirmó que en los penales del país hay un nuevo régimen que goza de “tranquilidad y control”.
Aseguró que, durante los traslados de reclusos realizados en medio de la pandemia a diversos centros de penitenciarios, cumplen con el “protocolo de ingreso” y son ubicados en “lugares especiales” como medida de prevención para resguardar al resto de los internos.
“No hay medidas”
Carolina Girón, directora del Observatorio Venezolano de Prisiones, presentó un recuento sobre las directrices formuladas por organismos multilaterales de protección de los derechos humanos, en conjunto con la Organización Mundial de la Salud, OMS, orientadas a velar por los privados de libertad en medio de la pandemia de COVID-19.
Algunas de las recomendaciones a los estados son: garantizar la atención sanitaria de los reclusos, tomar acciones inmediatas para evitar el hacinamiento, así como darles información adecuada sobre lo que está ocurriendo en el exterior para disminuir los niveles de ansiedad, entre otras.
“Hasta la fecha no hay una sola medida ni un protocolo adoptado para la prevención de los privados de libertad, solo la prohibición de la visita”, afirmó durante una intervención conjunta con el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello la semana pasada.
Girón advierte que Venezuela registra un “hacinamiento crítico” en los centros penitenciarios, estimado en 121%.
(*) Las fuentes entrevistadas para este reportaje pidieron a la Voz de América proteger sus identidades por temor a represalias contra sus familiares por sus declaraciones.