Para defensores de derechos humanos, el plan legislativo de unas 35 leyes aprobado este martes por el Parlamento de mayoría chavista electo en diciembre, desconocido por la oposición y gran parte de la comunidad internacional, “limitará aún más los derechos de los ciudadanos”.
Durante una reunión con el Consejo de Ministros, el presidente Nicolás Maduro se refirió al plan e hizo énfasis en la reforma a la Ley de Responsabilidad en Radio, Televisión y Medios Electrónicos, que según dijo, incluirá un capítulo sobre las redes sociales y “la responsabilidad social de las redes sociales” en territorio venezolano.
Consultado por la Voz de América, el director de Acceso a la Justicia, Ali Daniels, subrayó que es una evidencia más de que el gobierno de Maduro busca “controlar” los pocos espacios sobre los que tiene control mínimo.
“Las redes sociales se rigen por principios de las matrices de las empresas de las cuales son propiedad, entonces el hecho de que ahora se quiera regular las redes sociales, aunque pueda tener muchas limitaciones precisamente porque no es algo que esté bajo su control directo, pone de manifiesto que el gobierno quiere controlar esos espacios de libertad que todavía quedan”, afirmó.
A juicio del abogado, lo que en realidad se quiere controlar es “la disidencia y las manifestaciones de libertad de expresión que se hacen a través de ellas”.
“Sabe que los cambios que van a generarse en la economía a partir de ahora, privatizaciones para una oligarquía económica de amigos del gobierno, menos transparencia en la ejecución de los recursos públicos y más arbitrariedad, van a generar una reacción y esa es la verdadera causa de esa necesidad de control de las redes sociales”, agregó Daniels.
El anuncio generó preocupación entre usuarios de redes como Twitter, una de las vías más utilizadas para acceder a información libre e independiente. El periodista especializado en tecnología, Fran Monroy, aseguró que en su opinión la reforma se traducirá en el “comienzo del fin de las redes sociales en Venezuela”.
Hasta el 2020, la ONG Espacio Público contabilizó 25 detenciones de ciudadanos por haber divulgado mensajes en plataformas digitales como Whatsapp, Twitter, Instagram y Facebook.
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También será sometida a revisión la Ley de Cooperación Internacional que establece el régimen jurídico del Estado venezolano, en cuanto a promoción y ejecución de programas de cooperación con gobiernos de otros países, organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales.
Al respecto, Rafael Uzcátegui, coordinador de la ONG Provea, reiteró a la VOA las advertencias de que el parlamento en manos del oficialismo sería un espacio privilegiado “para aumentar los mecanismos de control sobre la población”.
El abogado y defensor de DD.HH. considera que uno de los objetivos del paquete de leyes es “intentar dividir, intentar que cada quien esté cuidando de manera aislada sus espacios de supervivencia, en donde además haya luchas y divisiones internas dentro de las organizaciones democráticas y sociales frente a su decisión de qué hacer”.
Uzcátegui apuntó: “Se va a intentar limitar la cooperación internacional que es una herramienta con la cual le permite a las organizaciones independientes trabajar, con eso se limita su eficacia, y también se va a intentar limitar la posibilidad de visibilizar y denunciar situaciones lesivas a los derechos humanos y por eso seguramente van a haber mayores restricciones al ejercicio de la libertad de expresión en nuestro país”.
“Aquí seguramente se van a aumentar los delitos tipificados bajo la ley del odio o iniciativas similares que le den un barniz jurídico legal a estas limitaciones al ejercicio del derecho en nuestro país, así que es muy preocupante”, reiteró.
De acuerdo a Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento, las leyes buscan “atender las necesidades y expectativas del pueblo venezolano”.