El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) presentó recientemente su propuesta para rescatar los valores sociales y económicos de Venezuela cuando su panorama político dé una vuelta de 180 grados.
El plan, denominado “Una mirada a futuro para Venezuela”, y elaborado por los economistas Emmanuel Abuelafia y José Luis Saboin, prevé transferencias monetarias y de alimentos a la población y a los sectores más perjudicados de la economía por un valor, solo en el primer año, de 2.800 millones de dólares.
El aporte total de esos primeros tres años sería de aproximadamente 8.000 millones de dólares, según la iniciativa del BID.
Los autores del programa apuntan, inicialmente, las características del colapso nacional: la contracción del Producto Interno Bruto de 70% entre 2013 y 2019, una reducción adicional de la variable de al menos 30 por ciento este año, el impacto de la pandemia y el “continuo declive” de la infraestructura.
Mencionan entre las causas de la debacle el “intervencionismo estatal”, “cambios en las reglas del juego en el sector petrolero” y “una gestión macroeconómica irresponsable”. Las sanciones económicas contra el gobierno también han generado un impacto en la situación venezolana.
La carga de la deuda pública, equivalente al 500 por ciento del PIB, y el debilitamiento de las instituciones públicas también se retratan en el informe.
“Un proceso de transición ordenada en Venezuela posibilitaría tomar las medidas necesarias para atacar de manera contundente los retos que enfrenta el país”, concluyen los economistas en su reporte, culminado en agosto, pero publicado apenas a mediados de septiembre.
El gobierno en disputa de Nicolás Maduro se niega a negociar su salida del poder desde que en enero de 2019 Juan Guaidó se erigió presidente interino de Venezuela con el apoyo del Parlamento y de al menos 60 países.
El documento del BID se enfoca en una “secuencia de intervenciones” que, lograda la transición política, se centren en la emergencia y la reinstauración del “andamiaje institucional” para, luego, lanzar “un proceso de reformas” y mejorar la calidad de vida del venezolano.
Luis Alberto Moreno, presidente del BID al momento de culminarse el informe, resalta en su prólogo que las posibles acciones prioritarias para la recuperación venezolana se hicieron “en estrecha colaboración” con el gobierno interino de Juan Guaidó y “socios cooperantes” durante 2019 y 2020.
También lea Expertos abogan por una salida "consensuada" a la crisis de VenezuelaMauricio Claver-Carone, un estadounidense asesor del presidente Donald Trump y crítico abierto de los gobiernos de Cuba y Venezuela, sustituyó el 12 de septiembre a Moreno. Ocupará la presidencia del BID por cinco años.
Abuelafia y Saboin precisan que el Banco Interamericano presentó su diagnóstico ante las agencias de sus 48 países miembros y definió “ámbitos comunes de colaboración en la senda de la recuperación” de Venezuela.
“Se realizaron numerosas reuniones de trabajo con potenciales socios cooperantes y representantes de organizaciones no gubernamentales (ONG) y el sector privado interesado en apoyar el proceso de reconstrucción”, indican.
El corazón del plan: las transferencias
Si bien el programa del BID sobre Venezuela contempla mejoras e inversiones de salud, educación, infraestructura, y los servicios de electricidad, agua y transporte, su epicentro son las transferencias directas a la población.
Para atender “necesidades urgentes” de la mayor cantidad de venezolanos en el menor tiempo posible, se propone en el corto plazo un programa de “transferencias no condicionadas”, con cobertura “casi universal”.
Esta fase la complementaría otro método de “transferencias en especie”, esencialmente de alimentos, para cubrir lo que llaman “situaciones especiales”.
El BID propone aprovechar la alta bancarización de la población en Venezuela para lanzar en esta primera etapa transferencias de al menos cinco dólares semanales a cuentas bancarias cuyos titulares sean mujeres de más de 18 años.
Ese esquema permitiría, según los investigadores del Banco Interamericano, “llegar a un mayor número de beneficiarios de manera rápida”.
Los montos de los beneficios se ajustarán “de acuerdo con la evolución de la situación macroeconómica” de Venezuela, de 28 millones de habitantes, señalan los delegados del BID.
Una segunda etapa, a mediano plazo, contempla un Programa de Transferencias Focalizadas, PTF, que beneficiará a la “población más vulnerable”. Los subsidios, a estas instancias, se entregarían por hogares pobres.
“El monto de la transferencia dependerá de la estructura del hogar, y se basará en el valor de la brecha de pobreza o pobreza extrema, tomando en cuenta también restricciones fiscales”, anotan Abuelafia y Saboin.
Proponen, sin embargo, que inicialmente se considere asignar 30 dólares a la semana por hogar empobrecido, que cubriría el 20 por ciento de una canasta mínima para una familia de cuatro integrantes.
El salario mínimo mensual en Venezuela es de 400.000 bolívares o un dólar estadounidense, según la tasa oficial del Banco Central al cierre del jueves 24 de septiembre, de 399.396 bolívares con 54 céntimos.
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Un comité técnico definirá y actualizará el monto y la frecuencia de la transferencia de acuerdo con la evolución de las variables fiscales y la inflación, refieren los proponentes del plan del BID sobre Venezuela.
Las transferencias se reducirían a medida que aumenten otras fuentes de ingresos en el país, advierte el organismo en su papel de trabajo.
El costo estimado de ambos programas, calculan, totalizan 2.800 millones de dólares en el primer año, 2.954 millones para el segundo y 2.250 millones para el tercero, siempre después de concretada la transición política en el país.
Entre los retos de ambas fases de las transferencias, el BID resalta el acceso a la base de datos bancarios y la inclusión tanto de personas “no bancarizadas” como de hogares “no elegibles” en los programas de beneficios.
Plantean, por ello, definir un padrón inicial de los beneficiarios con base en la información de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario de Venezuela, conocida como Sudebán.
Al unísono, se iniciarían campañas para incluir en la banca a beneficiarios potenciales mediante jornadas especiales, mecanismos comunitarios y postulaciones en línea.
El BID prevé, asimismo, la entrega directa de alimentos en regiones donde haya insuficiencia de mercados para proveer alimentos a la población. Se beneficiarían 60 comunidades vulnerables, donde vive el 12 por ciento de la población.
También, considera fortalecer el esquema de alimentación escolar y realizar “intervenciones específicas” para pequeños productores agropecuarios.
El Banco Interamericano de Desarrollo reconoce que la reconstrucción de Venezuela será “un trabajo arduo” que tomará “más de una década” e invoca, por ende, la coordinación de “los socios cooperantes” en ese proceso.
Será necesaria, añaden, la “habilidad” del eventual nuevo gobierno en el país para introducir “reformas sustantivas” en el sistema político y económico.
“El Grupo BID está listo para trabajar con el pueblo venezolano en la reconstrucción cuando la situación político-institucional así lo permita”, concluyen en su denso documento, de 91 páginas.
NOTA: El informe “Una mirada al futuro de Venezuela”, del Banco Interamericano de Desarrollo, puede consultarse íntegramente en su página web: https://publications.iadb.org/es/una-mirada-futuro-para-venezuela