Son variopintas las expectativas respecto al pronunciamiento de la Alta Comisionada para Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, sobre la persistencia de las denuncias de violaciones a los derechos humanos en Venezuela.
Los casos de intimidación y persecución contra periodistas, medios de comunicación y trabajadores humanitarios en Venezuela, a los que hizo referencia durante la actualización de su informe oral, deja claro al Gobierno de Nicolás Maduro que las graves violaciones a los derechos humanos “no pueden esconderse”, indica Carlos Correa, director de la asociación civil Espacio Público.
“Tan solo en el mes de enero se ejecutaron al menos tres operaciones de registro e incautación en los locales de medios de comunicación. En distinto grado se incautó equipamiento, se cerraron oficinas, se intimidó al personal y se suspendieron emisiones, esto sin duda no contribuye a apaciguar las tensiones, sino todo lo contrario, la sola amenaza de detención tiene un efecto paralizante para quienes realizan actividades licitas y esenciales”, sostuvo Bachelet durante su presentación este jueves.
A juicio de Correa, el mensaje de Bachelet es “muy importante” para quienes forman parte del espacio cívico en el país.
“Creo que puede contribuir a proteger de alguna manera el trabajo de periodistas y medios de comunicación en Venezuela, es decir, está enviando un mensaje claro sobre cuál es la situación de los periodistas en Venezuela y está diciendo al gobierno venezolano que la oficina del Alto Comisionado está atenta a eso”, afirmó consultado por VOA.
Miguel Pizarro, comisionado de la ONU del Gobierno interino reconocido por decenas de países, incluido Estados Unidos, aseguró que es muy importante continuar denunciando las violaciones a los derechos humanos, para “poder construir mecanismos de justicia y mecanismos de protección”.
También lea Bachelet sobre Venezuela: “Continuamos recibiendo denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales”Las inquietudes de Bachelet se extienden hacia los bajos ingresos que perciben los venezolanos y que, en general, les impide costear sus necesidades más básicas.
La funcionaria recordó que, según diversas organizaciones, el salario medio “estaría por debajo de un dólar estadounidense al mes, mientras se estima que el precio de la canasta de alimentos ha aumentado 1.800% en el ultimo año”.
En ese sentido, consultado por la Voz de América, Luis Cano, coordinador nacional de la Intersectorial de Pensionados, Jubilados y Sobrevivientes, dijo no tener “ninguna expectativa” en relación al pronunciamiento de Bachelet.
Tan solo en el mes de enero se ejecutaron al menos tres operaciones de registro e incautación en los locales de medios de comunicación"
Michelle Bachelet, Alta Comisionada para Derechos Humanos de la ONU
Cano recordó que de acuerdo a organismos internacionales, se considera que una persona vive en pobreza extrema cuando percibe menos de 1,90$ diarios y agregó que en Venezuela el sueldo mínimo y el monto de las pensiones es de 0,80$, por lo que insiste en que no se hace “ilusiones”.
“Necesitamos ayuda inmediata, porque el más joven de nosotros tiene 60 años, en mi caso tengo 72 años y lo que no tenemos es tiempo para seguir esperando. Los jóvenes sí pueden esperar, pero uno a esta edad lo que busca es que los últimos años que nos quedan los podamos vivir en dignidad, que nos lo merecemos porque para eso trabajamos toda una vida”, añadió.
Ivonne es una venezolana de 50 años que trabaja como domestica y coincide con Cano en que no se hace “ilusiones” con los pronunciamientos que desde el exterior surgen sobre Venezuela.
“Ya tenemos tiempo escuchando muchas cosas pero aquí vamos de mal en peor, no tengo muchas esperanzas con esa gente. Hablan y hablan pero nada pasa”, afirma.
A través de un comunicado emitido por la cancillería, el Gobierno de Maduro calificó las declaraciones de Bachelet como “desacertadas” y anunció que someterá a revisión la relación con la oficina de la Alta Comisionada y la próxima renovación de la carta de compromiso.
“Su desbalanceado reporte es emitido por mandato de una politizada resolución del Consejo de Derechos Humanos, promovida por el Gobierno de los Estados Unidos a través del autodenominado Grupo de Lima, en clara violación a las normas y principios que rigen el tratamiento de los asuntos de derechos humanos”, señala el texto.
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