El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Cabo Verde negó la solicitud de un habeas corpus presentado por la defensa del empresario colombiano y enviado especial del gobierno en disputa de Venezuela, Alex Saab, quien se encuentra detenido desde el 12 de junio a la espera de una decisión final sobre su extradición a Estados Unidos.
La defensa solicitó la liberación de Saab el 12 de noviembre, alegando que el acusado había estado en detención por más de 89 días; en razón de que la ley de Cabo Verde estipula un límite de 80 días como el periodo máximo de una detención preventiva.
También lea Defensa de Saab solicita su liberación por haberse superado los plazosDurante una audiencia el martes 17 de noviembre, el TSJ señaló que el Ministerio Público puede legalmente solicitar una extensión de la detención preventiva, mientras la Justicia decide sobre la apelación presentada por la defensa contra la sentencia de la Corte de Apelaciones de Barlovento, que ordenó la extradición del empresario a EE. UU.
Cuando se le cuestionó sobre la liberación de Alex Saab, la defensa, a través de su abogado José Manuel Pinto Monteiro, justificó que “el Sr. Saab fue privado de su libertad por casi cinco meses” y por lo tanto reclama "la liberación del extraditado para que pueda permanecer en libertad, bajo vigilancia, hasta que se llegue a una decisión en su proceso de extradición”.
El proceso
Detenido el 12 de junio en el Aeropuerto Internacional Amílcar Cabral, en la isla de Sal, cuando su vuelo privado con destino a Irán hizo escala para abastecerse de combustible, Saab vio cómo la Corte de Apelaciones de Barlovento autorizó su extradición a EE. UU. el 31 de julio.
La justicia estadounidense, que solicitó su arresto y extradición, señala a Saab como testaferro del presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, y le acusa de lavar unos 350 millones de dólares a través del sistema financiero de EE. UU.
El gobierno en disputa de Venezuela dice que Saab tiene inmunidad diplomática y que estaba al servicio del país. La defensa del empresario ha recurrido a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y a la corte de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDAO).
* Nota original del servicio portugués de la VOA.