El Tribunal de Barlavento, en Cabo Verde, África, aprobó la extradición a Estados Unidos del empresario colombiano Álex Saab, según notificó este martes su equipo de defensa mediante un comunicado.
La corte africana tomó la decisión el 31 de julio, aunque no la notificó sino hasta el lunes 3 de agosto, criticaron sus abogados José Manuel Pinto, Rutsel Silvestre y Baltazar Garzón en una nota divulgada a la prensa.
“El Tribunal de Barlavento ha decidido de forma arbitraria, sin sustento legal y con absoluta falta de motivación, aprobar la extradición del señor Saab y, por tanto, su entrega al agente perseguidor por razones políticas (Estados Unidos)”, afirmaron los abogados.
También lea Al fiscal que procesó a Noriega le "preocupa" que Saab se escapeJoão do Rosário, uno de los abogados que integran el equipo de defensa de Saab, confirmó al servicio portugués de la Voz de América el fallo a favor de la extradición y aseguró que la defensa apelará ante la Corte Suprema de Justicia en los próximos 10 días.
"Iremos hasta la última instancia. Todavía estamos evaluando, pero necesariamente tendremos que apelar esta decisión", dijo Rosário, quien esperaba que el fallo hubiese sido “más sólido”.
“No estamos satisfechos con la forma en que se hace”, acotó.
El jurista explicó que la decisión judicial se realizó el último día de julio pues el 1 de agosto iniciaba el período vacacional del tribunal. “No debía tomarse durante las vacaciones”, indicó.
Rosário afirmó que la sentencia del Tribunal de Barlavento no convenció “de ninguna manera” a los defensores, que consideran que realizaron un “muy buen trabajo en términos del razonamiento de la oposición”.
Por su parte, Joshua Dratel, un abogado privado especializado en casos de extradición en Estados Unidos, adelantó a la Voz de América que las autoridades de Cabo Verde trasladarían a Saab al estado de la Florida.
“Sí. Si la acusación está (radicada) en el Distrito Sur de Florida, ahí es donde sería enviado”, explicó el experto, de la firma Dratel & Lewis.
Las autoridades de la isla de Sal, Cabo Verde, detuvieron el 12 de junio a Saab, un abogado y empresario de nacionalidad colombiana, cuando su avión privado se detuvo para repostar durante su trayecto desde Venezuela hasta Irán.
Estados Unidos lo acusa de lavado de dinero y sobornos entre 2011 y 2015. Lo sancionó en 2019 por presuntamente liderar una amplia red de corrupción en beneficio de Maduro.
El gobierno en disputa de Nicolás Maduro ha alegado desde su detención que Saab es su enviado especial para asuntos humanitarios y su cancillería ha afirmado que se encontraba en un viaje de compra de suministros para combatir la COVID-19 en Venezuela.
El canciller madurista de relaciones exteriores, Jorge Arreaza, confirmó la semana pasada que el gobierno venezolano gestiona apoyos y visitas consulares a favor de Saab.
Sus defensores adelantaron que apelarán la decisión ante la Corte Suprema de Cabo Verde “dentro de los 10 días prescritos”. Luego, si no logran un fallo favorable, introducirán una solicitud de amparo ante el Tribunal Constitucional.
“El señor Saab, se reserva las acciones judiciales locales e internacionales a que hubiere lugar para hacer efectivos sus derechos, ahora vulnerado”, aseguran.
“Sin posibilidad de defensa”
Los abogados de Saab expresaron sorpresa por el retraso en la notificación de la decisión del Tribunal de Barlavento, mientras, según describen, “el señor Saab estaba esperando la fecha de la audiencia prescrita por la ley, en la que ejercer, con igualdad de armas, su derecho de defensa”.
A su juicio, el fallo es “parcial” y viola su derecho al debido proceso, “dejándolo sin posibilidad de defensa en esta instancia”.
Indican que la decisión se basa “exclusivamente en las alegaciones de los fiscales, laminando los derechos de la defensa del señor Saab”.
La medida priva a Saab de un “recurso efectivo” en Cabo Verde para lograr su liberación, puntualizan. “Llama la atención ante los contundentes argumentos de la defensa expresados en un documento de oposición y el apoyo de varios dictámenes internacionales independientes”, agregan.
Los tres abogados introdujeron en la segunda quincena de julio un documento de 60 páginas al Tribunal Supremo de Cabo Verde, donde denuncia la violación del principio de lealtad en el proceso, acusa a Estados Unidos de “falsedad integral” y argumenta que Saab tiene estatus de agente especial de Venezuela.
Pinto, Silvestre y Garzón consideran que la sentencia del 31 de julio es “perturbadora del ordenamiento jurídico interino y del derecho internacional, humanitario y los derechos humanos”, los cuales, a su entender, “han sido groseramente eliminados”.
“Se le está prejuzgando y condenando sin posibilidad de defensa alguna, lo que implica una actuación parcial por parte del tribunal que ha decidido este trámite la extradición”, remarcan los defensores.
Voceros del Departamento de Estado y del Tesoro de Estados Unidos han optado por la prudencia y el silencio sobre la detención de Saab y la solicitud de extradición, al menos en público.
Nacido hace 48 años en Barranquilla, Colombia, el empresario se hizo notorio en 2015 gracias a una serie de reportarjes de investigación del medio periodístico venezolano Armando.Info.
En ellos, se comprueba cómo el empresario construyó una red de negocios milmillonarios de construcción de viviendas, explotación de petróleo y, especialmente, de importación a Venezuela de alimentos y productos para el programa estatal CLAP.
Según los reportajes, Saab se convirtió en una especie de embajador comercial del chavismo en la última década y sería el artífice de la rebelión de diputados opositores contra el presidente interino y del Parlamento, Juan Guaidó.
Analistas indicaron la semana pasada a la Voz de América que el madurismo procura impedir la extradición de Saab a Estados Unidos por temor a una eventual conmutación de su condena a cambio de información clave sobre los negocios de jerarcas del chavismo en Venezuela.
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*Con información de Alejandra Arredondo desde Washington