Amnistía Internacional declaró el jueves que la expulsión de parte de las autoridades de Trinidad y Tobago de "al menos a 165 personas venezolanas en las últimas semanas” es un hecho que “viola el derecho internacional”.
En referencia a los informes recientes, Louise Tillotson, investigadora para el Caribe de Amnistía Internacional, dijo que “ninguna persona debe ser devuelta a un lugar en el que corra peligro de sufrir graves violaciones de derechos humanos”, en referencia directa a la actual situación que atraviesa Venezuela.
Tillotson señaló que expulsar a estas personas, y devolverlas a la emergencia humanitaria y de derechos humanos de la que huían, en plena pandemia, “es una violación indignante de las obligaciones contraídas por Trinidad y Tobago en virtud del derecho internacional”.
Aunque entiende la preocupación de los países por la propagación de la COVID-19, el grupo defensor de los derechos humanos señala que “las autoridades de Trinidad y Tobago están promoviendo un discurso xenófobo, que asocia a las personas que huyen de Venezuela con el virus”.
Amnistía citó una conferencia de prensa del 25 de julio pasado, donde el ministro de Seguridad Nacional de Trinidad y Tobago declaró que “los inmigrantes ilegales”, “la gente que llega por mar” y los empresarios que “trafican” con esas personas constituyen un riesgo potencial para la salud.
El mismo 25 de julio el diario local Daily Express publicó un editorial titulado “Tráfico humano horror en medio de nosotros", en el que junto a la preocupación por los nuevos caso de coronavirus habló de “los peligros asociados con la implacable penetración de nuestras fronteras”.
Criticando el tráfico de personas, en el que aseveró que está implicado el Servicio de Policía, dijo que “con demasiada frecuencia hay noticias del descubrimiento de ciudadanos venezolanos que son encontrados y detenidos alguna parte del país”.
Además ejemplificó con una publicación en Facebook que “difundió folletos que decían que la ‘inmigración ilegal podía provocar una ‘nueva oleada de COVID-19’ y pedían a la población que denunciara las ‘actividades sospechosas’”.
Amnistía considera que “esta nueva amenaza de las autoridades de criminalizar a las personas refugiadas” pudiera traer el riesgo de que las mismas se oculten por temor a represalias y con ello “se alejen de los servicios de salud que podrían proteger a toda la población”.
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) informó el pasado mes de julio que los unos 4,3 millones de refugiados venezolanos están distribuido en 17 países de América Latina y el Caribe.