Venezuela presentó un recurso de apelación contra la decisión de un juez federal que dio luz verde a la venta de los activos de CITGO, la refinería filial de PDVSA en Estados Unidos.
Abogados en representación de Juan Guaidó, reconocido por el gobierno estadounidense como presidente interino de Venezuela, presentaron el viernes la apelación. La corte en Delaware, aprobó en enero la venta para satisfacer una deuda de 1.400 millones de dólares con la minera Crystallex, en compensación por la expropiación de sus activos en ese país durante el gobierno de Hugo Chávez.
La medida es la más reciente en un serie de recursos legales que el equipo legal de Guaidó ha interpuesto ante cortes estadounidenses para impedir o suspender la venta del activo, durante una batalla legal que se ha prolongado por años.
La Corte de Apelaciones del Tercer Distrito, en Filadelfia, será la encargada de procesar el recurso; los abogados también han pedido al juez de la corte en primera instancia suspender los procedimientos en el caso hasta que se emita un fallo.
Será la tercera vez que el estado venezolano presente una apelación en el caso Crystallex ante el Tercer Distrito. La última vez, la corte falló en julio del 2019 a favor de la empresa canadiense y de la venta de CITGO.
Además del proceso judicial, para proceder a vender las acciones de la refinería, es necesario que el Departamento de Tesoro de EE.UU. apruebe la solicitud de Crystallex de una licencia que permita la venta de los activos de CITGO.
Crystallex ya presentó la solicitud y está a la espera de la respuesta del Tesoro estadounidense, según dijo el abogado de la compañía en una carta presentada por el abogado de la empresa ante el juez Stark en mayo del año pasado.
El gobierno de Nicolás Maduro ha criticado el proceso legal en EE.UU., asegurando que tanto los representantes de Guaidó como el gobierno estadounidense quieren “robarse” la compañía.
La disputa legal entre la quebrada empresa y el país suramericano se remonta al 2008, durante la presidencia del fallecido Hugo Chávez, quien expropió Las Cristinas, una mina de oro al sureste del país, en el estado Bolívar, cuya explotación era manejada por Crystallex.
El caso llegó a la corte de arbitraje del Banco Mundial, el CIADI, quien en el 2016 otorgó un laudo arbitral de 1.200 millones de dólares a Crystallex y que debía ser pagado por Venezuela en compensación por Las Cristinas.