En el 2020 las condiciones sanitarias fueron el principal motivo de muertes en centros penitenciarios del país, una situación que está en “contravención” con las obligaciones inherentes al Estado venezolano, de acuerdo al más reciente informe del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).
De acuerdo a Carolina Girón, directora de la organización dedicada a velar por los privados de libertad, de las 292 muertes que documentaron el año pasado en centros de reclusión, 184 ocurrieron por motivos de salud.
Al menos el 85% del total de los decesos por salud se asocian a tuberculosis y desnutrición, mientras que el otro 15% “corresponde a hepatitis, cuadros diarreicos, obstrucción intestinal, personas diabéticas o con crisis convulsivas sin tratamiento”.
“Cuando es contagiada una persona que se encuentra en desnutrición generalmente lo lleva a la muerte, pero no es por la tuberculosis en si, es por la desnutrición que viene presentando. Pudimos observar durante el 2020 que todos los presos venezolanos están desnutridos, pero el 60% presenta signos de desnutrición severa porque no están llegando los alimentos”, detalló.
Las muertes por desnutrición comenzaron a ser un marcador para el OVP desde el 2017 y se han ido incrementando con el paso de los años.
También lea Venezuela: Familiares de presas por motivos políticos denuncian privación de alimentos y torturas físicasEn todos los casos documentados por el OVP en el 2020 “más de un 95% de los fallecidos estaban desnutridos y un número significante de fallecidos presentó cuadros de desnutrición severa aún cuando sus causas de muertes fueron otras”.
“En el contexto pandemia, de prohibición de las visitas, pudimos demostrar con números que no llegan alimentos a centros penitenciarios de parte del Estado, sino que esa responsabilidad se les dejaba a los familiares, quienes eran los que estaban alimentando a sus seres queridos, no el Estado como es su responsabilidad”, dijo Girón durante la presentación del informe “Muerte en las Cárceles por Denegación de Alimentos”.
La opacidad con la que el Gobierno maneja las estadísticas en Venezuela, incluidas las relacionadas al tema carcelario, dificulta que los datos puedan ser verificados de manera independiente.
Hacinamiento
El informe explica que en Venezuela el hacinamiento ha sido el “desencadenante principal” del resto de los problemas, entre ellos la “propagación de enfermedades de tipo contagiosas”.
“A fines de ejemplificar esta gravosa condición, en los reducidos espacios de las celdas pueden permanecer cerca de treinta individuos, a pesar de que la capacidad máxima de estas sea para dos individuos, los cuales deben lidiar con las inexistentes condiciones de salubridad de estos recintos”, puntualiza el texto divulgado el miércoles.
Girón detalló que el año pasado, la población reclusa en el país alcanzó las 37.543 personas para una capacidad instalada de 21.848 plazas, lo que ubica el hacinamiento en 171,83%.
“El estándar internacional de capacidad nos establece que una cárcel está en riesgo crítico cuando ya supera el 40% de su capacidad instalada. En Venezuela todos los centros penitenciaros se encuentran en riesgo crítico, realmente unos más, unos menos, pero en general esa es la situación de Venezuela”, explicó.
Tamara Taraciuk, subdirectora de la división de las Américas de Human Righ Watch, expresó que “la corrupción, la falta de seguridad, el deterioro de las infraestructuras, el hacinamiento y la falta de personal y adecuadamente capacitado”, son algunos de los factores que han permitido que sean los “pranes” (como se conoce a los presos que lideran un penal) quienes habitualmente ejerzan el control efectivo de las cárceles.
“Es un tema de responsabilidad estatal porque las autoridades venezolanas son las responsables por lo que ocurre dentro de las cárceles, de lo que le pasa a quienes se encuentran bajo su custodia”, manifestó en una intervención antes de la presentación del informe.
En junio el presidente Nicolás Maduro aseguró que es necesaria una “revolución judicial” que garantice cambios estructurales a través de reformas y nuevas leyes, y concedió a la comisión presidida por su esposa y también diputada, Cilia Flores, así como por el legislador chavista, Diosdado Cabello, 60 días para solucionar el hacinamiento en las cárceles venezolanas.
“Asumimos esta responsabilidad no como algo personal sino como un necesario estremecimiento de unas estructuras que por largo tiempo han permanecido, a pesar de como se ha reconocido en varias ocasiones, nuestro poder judicial ha mejorado sustancialmente, pero no lo necesario como para que nuestro pueblo pueda tener acceso a una justicia rápida, oportuna y además justa”, manifestó Cabello.
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