El 22 de febrero, la Unión Europea impuso sanciones a 19 funcionarios, legisladores y miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas en respuesta a las elecciones parlamentarias que el bloque consideró amañadas para favorecer a Nicolás Maduro.
Las personas sancionadas fueron blanco de "su papel en actos y decisiones que atentan contra la democracia y el Estado de derecho en el país, o como consecuencia de graves violaciones de derechos humanos". Las sanciones de la UE incluyen prohibiciones de viaje y congelación de activos.
El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, respondió en Twitter: “señalar con falsos argumentos a ciudadanas y ciudadanos honorables, como reacción ante la frustración de un grupo de Estados miembros de la Union Europea por la manifiesta ineficacia de sus acciones para forzar un cambio de gobierno por la fuerza en Venezuela, no es más que otra torpe decisión cuya única intención apunta a afectar negativamente el diálogo político que se desarrolla en el país”.
También dijo que las sanciones eran ilegales y "una especie de afrenta arrogante a las Naciones Unidas" luego de que el relator especial de la ONU instó a que se levanten las sanciones unilaterales contra Venezuela dados sus efectos en el país.
El debate sobre las sanciones es complejo, pero es engañoso que Arreaza afirme que las sanciones se basan en "argumentos falsos".
También dijo que las sanciones eran ilegales y "una suerte de arrogante afrenta a las Naciones Unidas" luego de que el relator especial de la ONU instó a que se levanten las sanciones unilaterales contra Venezuela dados sus efectos en el país.
El debate sobre las sanciones es complejo, pero es engañoso que Arreaza afirme que las sanciones se basan en "argumentos falsos".
El Consejo de la UE declaró que impuso sanciones porque las elecciones legislativas de Venezuela fueron "una oportunidad perdida para la democracia, se llevaron a cabo sin un acuerdo nacional sobre las condiciones electorales y no cumplieron con los estándares internacionales para un proceso democrático". También dijo que la falta de respeto de Venezuela por los derechos humanos significaba que sus "ciudadanos temían el arresto y la persecución, incluso de sus familias, por ejercer sus derechos y libertades fundamentales".
Las 19 personas sancionadas fueron acusadas de participar en tales abusos.
La policía antidisturbios se ve durante los enfrentamientos con los manifestantes durante un mitin para exigir un referéndum para destituir al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en Caracas, Venezuela, el 1 de septiembre de 2016. REUTERS/Marco Bello
Derechos humanos
Un ejemplo es Remigio Ceballos, uno de los sancionados. Es el comandante operativo de las Fuerzas Armadas de Venezuela (CEOFANB) desde 2017. CEOFANB controla la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional. Como señaló la UE, “varias fuentes, incluida la Misión Internacional Independiente de Investigación sobre la República Bolivariana de Venezuela, atribuyen violaciones de derechos humanos a la FANB y la Guardia Nacional Bolivariana”.
Como informó la Voz de América en septiembre, un informe de una misión de investigación respaldada por las Naciones Unidas declaró que Maduro y otros funcionarios venezolanos de alto rango estuvieron involucrados en abusos sistemáticos de derechos humanos contra opositores al Gobierno entre 2014 y 2018.
El informe de la ONU indicó que dos fuerzas de seguridad, el Cuerpo de Investigación Científica, Penal y Criminal (CICP) y las Fuerzas de Acción Especial (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), fueron responsables del 59% de todos los asesinatos cometidos por las fuerzas de seguridad venezolanas que fueron examinados. El informe concluyó que las FAES deben ser desmanteladas y su cadena de mando debe rendir cuentas. La UE también sancionó al actual director de FAES, José Miguel Domínguez Ramírez.
Además de a los manifestantes, el régimen de Maduro ha perseguido a políticos y activistas de la oposición. Cientos de personas han sido arrestadas o exiliadas (aunque Maduro dijo en una sesión informativa, el pasado 1 de septiembre, que perdonaba a 110 de ellas).
Durante las protestas de 2017 que siguieron al fallo de la Corte Suprema de Venezuela que disolvió el parlamento, Human Rights Watch y el Foro Penal (Foro Penal), una organización venezolana de derechos humanos, emitieron un informe conjunto que encontró que al menos 314 personas fueron víctimas de violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad venezolanas y grupos armados progubernamentales (conocidos como colectivos). El informe concluyó que “los abusos han sido parte de una práctica sistemática de las fuerzas de seguridad venezolanas”. Esa conclusión concuerda con las conclusiones de un informe de agosto de 2017 de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
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La UE impuso sanciones a varios miembros de la Corte Suprema de Venezuela por socavar "la democracia y el Estado de derecho en Venezuela" a través de "acciones, declaraciones y fallos que han usurpado los poderes constitucionales de la Asamblea Nacional y socavado los derechos electorales de la oposición".
El año pasado, el Tribunal Supremo de Venezuela nombró una nueva comisión electoral sin miembros del Congreso liderado por la oposición, a pesar de ser un requisito legal. El tribunal también destituyó a los líderes de tres partidos de oposición y nombró líderes acusados por la oposición de conspirar para apoyar al presidente.
En julio de 2020, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos dijo que "las recientes decisiones de la Corte Suprema de Justicia disminuyen la posibilidad de construir condiciones para procesos electorales creíbles y democráticos".
La principal coalición opositora de Venezuela boicoteó las elecciones parlamentarias de diciembre pasado, cuyos resultados fueron rechazados por Estados Unidos y la Unión Europea, entre otros. Los resultados le dieron a Maduro, quien ya contaba con el apoyo de militares, tribunales y fiscales, el control del parlamento.
La UE también sancionó a personas involucradas en el cambio de las reglas para las elecciones parlamentarias, algunas de las cuales formaron parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) y prepararon y supervisaron las elecciones de diciembre. Entre ellos se encontraba Indira Alfonzo, quien fue nombrada jefa del consejo electoral en junio de 2020.
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El 12 de febrero, la relatora especial de las Naciones Unidas, Alena Douhan, publicó un informe preliminar en el que recomendaba que se levantaran las sanciones unilaterales contra Venezuela y que se concediera al gobierno acceso a los fondos congelados en Estados Unidos, Reino Unido y Portugal. Douhan argumentó que esas sanciones exacerbaron la crisis económica y humanitaria del país.
Arreaza basó su respuesta a las sanciones de la UE recientemente impuestas en las recomendaciones de Douhan.
Estados Unidos impuso por primera vez sanciones a Venezuela, "relacionadas con acciones antidemocráticas, violaciones de derechos humanos y corrupción", durante la administración del presidente Barack Obama, cuando la nación sudamericana ya atravesaba una crisis económica.
La Administración Trump endureció las sanciones a Venezuela y gradualmente pasó de las sanciones individuales a las sectoriales, intensificando la presión económica. (Las sanciones sectoriales prohíben las transacciones con empresas que se cree que están participando en acciones ilícitas en nombre de un gobierno, en lugar de simplemente bloquear los activos o movimientos de funcionarios gubernamentales individuales).
Las sanciones de 2019 contra el sector petrolero venezolano, en particular la estatal Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), mantuvieron alejados del país a los compradores internacionales de crudo, cuya economía se basa principalmente en las exportaciones de petróleo. Las sanciones también afectaron la producción de gasolina, impidiendo a PDVSA importar productos químicos utilizados para refinar su crudo pesado. Según los expertos, las sanciones, junto con la mala gestión y la falta de fondos, amenazan con una escasez de diesel y gasolina en el país.
En enero de 2019, la organización no gubernamental Washington Office on Latin America (WOLA) criticó la sanción del gobierno de Estados Unidos a PDVSA.
"Estamos profundamente preocupados por la posibilidad de que las sanciones estadounidenses recientemente anunciadas intensifiquen las graves dificultades y el sufrimiento que están soportando millones de venezolanos ... Las exportaciones de petróleo de Venezuela representan la principal fuente de divisas que se utilizan para pagar las importaciones. Sin estos ingresos, está claro que la importación de alimentos y medicinas podría estar en riesgo”, dijo WOLA.
Más tarde en 2019, Michelle Bachelet, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, condenó la orden de la Administración Trump de congelar todos los activos del gobierno venezolano en Estados Unidos y prohibir las transacciones con las autoridades. Bachelet dijo que las medidas eran "extremadamente amplias" y carecían de "medidas suficientes para mitigar su impacto en los sectores más vulnerables de la población".
Alejandra Arredondo contribuyó desde Washington D.C. a este reporte