El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) se reunió este miércoles en una sesión ordinaria para valorar la situación que se vive en Nicaragua, a solicitud del secretario general de dicha organización, Luis Almagro.
La sesión fue catalogada por el embajador de Nicaragua, Luis Alvarado como “injerencista” y pidió que “se declare inadmisible cualquier acción que se quiera levantar contra Managua”.
“Ningún Estado tiene derecho a intervenir, sea cual fuera el motivo en asuntos internos de cualquier otro. Es injerencia”, dijo Alvarado.
El secretario general Almagro recapituló las medidas tomadas por el gobierno del presidente Daniel Ortega, de cara a las elecciones presidenciales previstas para el 7 de noviembre, entre ellas la reforma a la Ley Electoral, la elección de magistrados de este poder por parte del Estado, así como la aprobación de otras leyes que inhiben a candidatos que aspiren a cargos públicos.
“A pesar de los reiterados llamados para permitir elecciones que cumplan estándares, el gobierno no ha demostrado voluntad política para [las] reformas electorales correspondientes”, señaló Almagro.
El secretario general de la OEA argumentó que, en el caso de la reforma a Ley Electoral, aprobada por el oficialismo en Nicaragua, “es un cambio cosmético” y añadió que el gobierno de Ortega “quiere consolidar el control total del proceso electoral mediante la supresión, limitación y restricciones de voces disidentes”.
Lamentó que con estas medidas no se cumple con ningún estándar necesario para que las elecciones sean libres, justas y transparentes. “La concentración del Ejecutivo se ha agudizado; hay un panorama poco alentador para un proceso electoral justo”, dijo Almagro.
A tres años del inicio de la crisis sociopolítica, el secretario Almagro recordó que Nicaragua se ha visto inmersa en violaciones de derechos humanos, crímenes y persecución, y lamentó que no hay voluntad de autoridades para encontrar una salida a dicho panorama.
Antonia Urreloja, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) mencionó por su parte que persisten violaciones sistemáticas en el país centroamericano, coincidiendo con el Secretario General, que es debido a la “falta de separación de poderes”.
“Se han intensificado agresiones, amenazas y actos de violencia contra personas defensoras de derechos humanos en Nicaragua para cumplir con su legítimo derecho a su defensa”, insistió Urrejola.
Urrejola comenta que preocupa a la comunidad internacional, las leyes aprobadas desde el parlamento, pues cierran espacios democráticos en el país. “La Asamblea Nacional aprobó reforma a la Ley Electoral; dichas reformas -lejos de ampliar y realizar elecciones libres, competitivas- produce cambios formales en el actual sistema y reincorpora reglas que restringen derechos políticos y limita la participación”.
El embajador de Estados Unidos, Bradley Freden, sostuvo que, ante la falta de cumplimientos por parte del gobierno de Ortega, “la comunidad internacional debe reforzar la credibilidad de la OEA y del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. No podemos guardar silencio, ni lo haremos, mientras pasa este plazo”.
“Instamos al régimen de Ortega a tomar acciones concretas ahora para restaurar la democracia apoyando las reformas necesarias para permitir las condiciones para elecciones verdaderamente libres y justas, incluidos los observadores electorales internacionales; y el cese de la represión contra los nicaragüenses que piden democracia”, exhortó.
“Las próximas elecciones representan una oportunidad crucial para que Nicaragua vuelva a la democracia plena. Si el presidente Ortega quiere que la comunidad internacional apoye los resultados de las elecciones de noviembre, debería tomar medidas en los próximos días para reconstruir la confianza en el país y en el exterior de que esas elecciones serán genuinamente libres y justas”.
El embajador de Canadá ante la OEA, Hugh Adsett, coincidió con el diplomático estadounidense haciendo un llamado a elecciones libres y transparentes.
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