La Asamblea Legislativa de El Salvador destituyó el sábado a magistrados propietarios y suplentes de la Corte Suprema de Justicia y al Fiscal General del país, en su primer día de legislatura.
Ambas decisiones se tomaron con 64 votos a favor. La Asamblea ya eligió los reemplazos de los magistrados. En el caso del ahora exfiscal Raúl Melara, fue elegido el abogado Rodolfo Antonio Delgado Montes.
La comunidad internacional, incluyendo el gobierno de Estados Unidos, ha mostrado su preocupación por la decisión, que es vista por algunos como un intento de concentrar el poder.
El argumento dado desde la Asamblea en el caso de la destitución de los magistrados fue “sentencias impopulares” hechas por la Corte Suprema en los últimos meses, amparándose en el artículo 186 de la Constitución de El Salvador. El artículo dice que la destitución de los magistrados puede hacerse “por causas específicas, previamente establecidas en la ley”.
“La Sala de lo Constitucional irrumpe en las competencias del Órgano Ejecutivo, debido a que sus sentencias no se limitan a determinar la constitucionalidad o el cumplimiento de sus parámetros, sino que se vuelven co-administración al girar órdenes para lo cual no están facultados”, indicó la nueva Asamblea Legislativa.
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia no tardó en reaccionar y declaró "inconstitucional" la destitución de los magistrados.
"Declárase que la decisión de la Asamblea Legislativa (...) es inconstitucional, en tanto que viola la forma de gobierno republicana, democrática y representativa”, indicó.
“Estoy sumamente satisfecho con la primera plenaria”, afirmó el presidente Nayib Bukele en su cuenta de Twitter. “Sé que la mayoría del pueblo salvadoreño espera con ansias la segunda plenaria”, agregó.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya ha condenado a El Salvador por “violar garantías judiciales” al destituir magistrados sin un procedimiento previamente establecido.
La CIDH resolvió que el Estado de El Salvador destituyó arbitrariamente a Eduardo Colindres Schonenberg de su cargo de magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE) el 2 de julio de 1998.
Preocupación de la comunidad internacional
El hecho despertó condenas de la comunidad internacional, pues la Nueva Asamblea, cómo le llaman a este órgano del Estado, está conformado en su mayoría por legisladores del partido Nuevas Ideas, el favorito del presidente Bukele.
El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, indicó en su cuenta de Twitter este domingo que había conversado con el presidente salvadoreño acerca de sus “serias preocupaciones” sobre las decisiones de la Asamblea.
”La gobernabilidad democrática requiere respetar la separación de poderes, por el bien de todos los salvadoreños”, apuntó.
La Agencia de EE. UU. para el Desarrollo Internacional (USAID), dependiente de la cartera de Exteriores, también expresó su "preocupación" en un comunicado y recordó que la institución está "lista" para ayudar que se mantengan en "la senda democrática".
"USAID está lista para asistir a cualquier nación que desee mantenerse en la senda democrática, caracterizada por una sociedad civil vibrante, una prensa libre y el respeto por los derechos humanos y la separación de poderes", expuso la agencia.
El principal asesor del Gobierno de EE. UU. para Latinoamérica, Juan González, expresó su desacuerdo con lo ocurrido en El Salvador. “Así no se hace”, dijo.
“Observamos con preocupación la propuesta de algunos miembros de la Asamblea de remover a cinco magistrados de la Sala Constitucional de El Salvador”, agregó, por su parte, Julie Chung, subsecretaria de Estado adjunta para el Hemisferio Occidental de EE.UU., antes de formalizarse la destitución.
“Un poder judicial independiente es la base de cualquier democracia; ninguna democracia puede vivir sin ella. Una relación sólida entre Estados Unidos y El Salvador dependerá de que el Gobierno de El Salvador apoye la separación de poderes y defienda las normas democráticas”, agregó.
“Haremos todos los esfuerzos para que este asalto a la democracia afecte su relación con el gobierno de EE. UU., el Banco Mundial, el FMI y el BID”, indicó por su parte el director ejecutivo de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco.
Vivanco ya había dicho que había informado al Senado y a la Cámara de Estados Unidos sobre lo que ocurre en El Salvador con la nueva Asamblea.
La Organización de los Estados Americanos (OEA) expresó su rechazo a la destitución de los magistrados y fiscal salvadoreño. “Cuando las mayorías eliminan los sistemas de pesos y contrapesos en el marco institucional están alterando la esencia del funcionamiento del mismo”, indican en un comunicado.
Diego García Sayán, relator especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de jueces y abogados, ve el hecho como un desmantelamiento de la independencia judicial en El Salvador y agrega: “Todo proceso de destitución debe atender a causas específicas y previamente establecidas en la ley. Esta Relatoría de la ONU permanecerá vigilante y actuará contra toda acción orientada a afectar la labor de los jueces constitucionales en El Salvador”.
Bukele también tuvo un mensaje para la comunidad internacional, en el que aseguró que aseguró que las puertas del país "están abiertas". "Con todo respeto: Estamos limpiando nuestra casa, y eso no es de su incumbencia".
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