La presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) , Antonia Urrejola, presentó este miércoles un informe ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre la situación que se vive en Nicaragua, la cual se encuentra sumergida en una crisis sociopolítica desde hace tres años.
Urrejola manifestó su preocupación sobre los arrestos a los cinco precandidatos presidenciales y resto de líderes políticos en las últimas semanas y señaló que evidencia una nueva fase “de represión de cara a las próximas elecciones” presidenciales.
Indicó que estos hechos “se reflejan en el incremento del número de cantidad de solicitud de medidas cautelares”, sobre todo en el mes de junio que es donde más han aumentado las solicitudes.
Afirmó además que han tendio lugar procesos de investigación irregulares en contra de todos los opositores, a los cuales no se les ha permitido la defensa con abogados independientes. En cambio han tenido un abogado de oficio “en audiencias secretas, sin representación legal y en localidades fuera de las correspondientes".
“A todos los opositores, a excepción de la precandidata presidencial Cristiana Chamorro, a quien se le imputa el presunto delito de lavado de activos, se les investiga bajo la Ley 1055, Ley de Defensa a los derechos del pueblo. Esta Ley que fue aprobada el año pasado no establece tipos penales”, dijo Urrejola.
Enfatizó que ninguna de las personas investigadas por la Ley de Defensa a los derechos del pueblo ha sido ha sido formalmente acusado por el Ministerio Público y para este fin se están valiendo de una reforma al Código Procesal Penal que fue aporbada a inicios de este año por la Asamblea Nacional controlada por el presidente Daniel Ortega.
Urrejola destacó que los detenidos se encuentran aislados y no han podido ser vistos por sus familiares quienes han manifestado su preocupación por la condición de salud en que estos puedan encontrarse.
De hecho esta semana, familiares de los exguerrilleros sandinistas detenidos dijeron a la Voz de América que apenas tienen información sobre ellos y ua condición de salud tras los arrestos. Consideran que existe una “saña” y “venganza” en sus casos específicos.
“Lo que hemos vivido desde el domingo 13 de junio ha sido un verdadero infierno. Mi familia sufre bastante. No lo dejan ver, nosotros no tenemos garantía de que él está vivo. Ha sido muy difícil porque como familia queremos que por lo menos el abogado pueda cerciorarse de cómo está mi padre, que es un señor de 75 años de edad”, señaló Cristian Tinoco Parrales, hija del exvicecanciller Victor Hugo Tinoco a la Voz de América.
Gobierno de Ortega rechaza informe
El gobierno de Ortega rechazó el informe y lo tildó de “maquiavélico”. Como suele ocurrir, el gobierno sandinista cuestionó a Estados Unidos, argumentando que en su posición es “falaz y malintencionado”.
“Condenamos la manipulación e instrumentalización de este organismo que está siendo usado como punta de lanza del Gobierno de los Estados Unidos en su guerra de agresión en contra de Nicaragua y su descarada injerencia en contra del proceso electoral nicaragüense. Los informes de la CIDH no tienen ninguna credibilidad y relevancia y la población nicaragüense ya los conoce muy bien”, criticó Luis Alvarado, representante de Nicaragua en la OEA.
La comunidad internacional ha estado atenta a la situación que se vive en Nicaragua durante las últimas semanas.
El martes 15 de junio el Consejo Permanente de la OEA aprobó una resolución lamada “Situación en Nicaragua”, en la que expresó su alarma ante el reciente deterioro del entorno político en el país.
El organismo hemisférico con sede en Washington además instó a la ejecución de reformas electorales para garantizar que los comicios de noviembre se desarrollen de forma libre y transparente.
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, insistió el martes en el “preocupante y acelerado deterioro de la situación de derechos humanos” en Nicaragua.
Una crisis -afirmó- que se ha agudizado en los últimos tiempos a medida que se acercan las elecciones previstas para el 7 de noviembre que han generado una gran desconfianza entre los países de la comunidad internacional al no haber una reforma electoral que garantice un proceso “justo y transparente”.
“Esto aleja la posibilidad de que los y las nicaragüenses puedan ejercer plenamente sus derechos políticos”, manifestó Bachelet durante la 47ª sesión del Consejo de Derechos Humanos celebrada este martes en Ginebra, Suiza.
