La Dirección General de Migración y Extranjería de Costa Rica dio a conocer el viernes que exigirá la prueba COVID-19 negativa a todo migrante nicaragüense y costarricense que quiera ingresar a Nicaragua desde su territorio.
La medida se toma debido a la gran cantidad de personas nicaragüenses que permanecen en la frontera de Peñas Blancas. El Gobierno de Nicaragua, por disposición del Ministerio de Salud de Nicaragua (MINSA), exige que toda persona que quiera ingresar a Nicaragua debe presentar una prueba de Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) en un periodo no máximo a 72 horas.
Hasta el jueves por la noche cerca de 300 personas que, tenían algún tramite migratorio o residencia en Costa Rica y que decidieron de forma voluntaria abandonar ese país, permanecían hacinados en Peñas Blancas según migración.
Las nuevas disposiciones tomadas por la oficina de migración costarricense, dadas a conocer por medio de un comunicado de prensa, pretenden “evitar un nuevo foco de contagio en los puestos fronterizos de la zona norte”, el documento también explica que buscan el bienestar de los habitantes de estas zonas, así como de usuarios y funcionarias de los servicios migratorios.
Raquel Vargas, Directora General de Migración, pidió a los migrantes nicaragüenses evitar las aglomeraciones ante una imposibilidad de ingresar a Nicaragua, “solicitamos de forma vehemente a las personas nicaragüenses que vayan a su país, que antes de hacer el viaje, quien deba hacerlo por fuerza mayor, lleve este examen COVID con resultado negativo, evitando así inconvenientes y un riesgo alto de contagio”, señaló
Otros sectores
Migración también pidió a los medios de transporte públicos y privados, así como al Consejo de Transporte Público del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, para que exijan a las personas que pretendan viajar hacia Nicaragua en transporte público un examen COVID-19 con resultado negativo. En caso de no contar con ese requisito, instar a las personas a que no viajen hasta tenerlo, para evitar aglomeraciones innecesarias en los puestos fronterizos en el norte del territorio nacional.
La medida no aplica para los migrantes nicaragüenses procedente de Panamá porque esas repatriaciones forman parte de un acuerdo previamente suscrito entre ambos países y Costa Rica.
Cuando Nicaragua implementó la regulación, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) y la Asociación Nicaragüense Pro-Derechos Humanos (ANPDH) denunciaron que el hecho de exigir una prueba a los nicaragüenses que buscan retornar a su país es "una violación a la Constitución Política y los derechos humanos" por parte del Gobierno de Daniel Ortega.
