A la ola de indignación generada en amplios sectores de la sociedad guatemalteca que se volcó a las calles la semana pasada para recriminar la expulsión del exfiscal Juan Francisco Sandoval como jefe la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) por orden de la fiscal general Consuelo Porras le llega otro momento.
Este martes la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Guatemala falló a favor de una petición presentada el lunes reciente por la abogada Claudia González, apoderada del exfiscal Sandoval, en la que denuncia a la fiscal general Porras porque su representado fue despedido “ilegalmente”.
Según reportó Prensa Libre, Consuelo Porras tiene 48 horas desde la tarde del martes para presentar un informe sustentado que explique las motivaciones y razones, con pruebas y hechos, que le llevaron a la expulsión del exjefe de la fiscalía especial creada para investigar casos de corrupción.
El Supremo respondió rápido al pedido hecho por la letrada González en el que solicita -entre líneas- revertir la decisión tomada por la fiscal general Porras, bajo el argumento de que al fiscal Sandoval se le vulneraron los derechos en la carrera fiscal, no se siguió el debido proceso y se irrespetó la seguridad jurídica de Guatemala.
Además, la querella abierta en la CSJ también argumenta que no hubo una causa justificada para cortar su contrato con el Ministerio Público. Hecho que además desencadenó condenas de la comunidad internacional e incluso la suspensión de cooperación de Estados Unidos con el Ministerio Público de ese país.
La apoderada del exfiscal argumentó en el escrito a la CSJ que la orden de despido dada por la fiscal general Porras bajo el Acuerdo 2157-2021, hecho efectivo el 23 de julio reciente “es nula, porque la misma carece de lo dispuesto en la ley fundamental”, según la solicitud.
Por su parte la titular del Ministerio Público mantiene su postura y dice que se basó en un análisis del trabajo que hacía el jefe fiscal al frente de la FECI; en declaraciones de respuesta dadas a la Voz de América ha reiterado que hubo manejo arbitrario de casos.
“En muchos expedientes de forma unilateral se hacían arreglos y compromisos con los sindicados favoreciendo impunidad para los mismos, a cambio de que rindieran declaraciones para favorecer o bien para perjudicar a otras personas”, dijo la jefa fiscal de Guatemala a Voz de América, refiriéndose a lo que en la jerga fiscal se conoce como “criterio de oportunidad”.
La sentencia del Supremo es otro llamado a la titular de la Fiscalía General para presentar información técnica y especificada, igual que hiciera la misma instancia de magistrados el 26 de julio, que respondió a otra solicitud presentada por diputados de diferentes fracciones que impusieron denuncia contra Consuelo Porras por la remoción del jefe de la FECI.
Los diputados de las bancadas opositoras Winaq, Semilla, URNG-Maíz y Bien, presentaron el escrito ante la CSJ la noche del 24 de julio, cuando el exfiscal Sandoval había salido con rumbo a El Salvador para evitar ataques a su seguridad personal. De ahí voló a Washington DC.
Prensa Asociada consignó este lunes que la petición de amparo hecha ante la CSJ por la abogada González tiene como objetivo solicitar la reinstalación del fiscal Sandoval en el Ministerio Público de Guatemala, donde ha ejercido durante 15 años de carrera profesional.
El exjefe de la FECI dijo en entrevista exclusiva a la VOA en Washington D.C. que la expulsión del país y el exilio “es el precio a pagar por hacer el trabajo apegado a la ley”, como han sufrido otros cinco altos funcionarios de justicia guatemaltecos asilados en Estados Unidos.
También acotó que el razonamiento hecho por la estructura de corrupción enquistada en el aparato de gobierno es que aunque haya un desgaste por la decisión tomada en este momento, la población lo olvidará pronto al llegar otros temas emergentes en la coyuntura.
La Voz de América intentó este miércoles obtener una postura del exfiscal Sandoval sobre la nueva decisión del Supremo, pero a la hora de cierre de esta nota, la petición no había sido respondida.
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