La Comisión de Asignaciones de la Cámara de Representantes aprobó el lunes su proyecto de ley de Asignaciones de Operaciones Extranjeras del Estado (SFOPS) para el año fiscal 2022 y en él contempla nuevas medidas de rendición de cuentas que condicionan el 75% de la asistencia económica destinada a los países del Triángulo Norte de Centroamérica.
El dinero está condicionado a que los países cooperen e implementen acciones “contra la corrupción y la impunidad”, dos de las principales causas que impulsan la migración irregular.
La Administración Biden ha priorizado la situación en Centroamérica como eje de sus estrategias en política exterior y ha insistido en la necesidad de cooperación con todos los países del hemisferio sur para lograr una región más productiva, segura y próspera.
De acuerdo con el documento emitido por el SFOPS hasta unos 861 millones de dólares podría ser aprobados para asistencia al Triángulo Norte de Centroamérica.
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La prioridad para este dinero es apoyar programas que aborden las causas estructurales que contribuyen a la migración irregular hacia Estados Unidos, “particularmente la de menores no acompañados”.
Pero para que los fondos lleguen, se exige que los países cumplan requisitos puntuales tales como “apoyar la independencia del poder judicial y del Ministerio Público, incluso en asuntos relacionados con la defensa del estado de derecho y la garantía del debido proceso en la adjudicación de asuntos tributarios”.
Para asistir el trabajo de dichas entidades, el documento explica que al menos 60 millones de dólares deben estar disponibles.
Así mismo hace referencia al hecho de que El Salvador, Guatemala y Honduras deben garantizar la protección de la entidad antes mencionada para que operen de forma independiente y sin “interferencia”.
Norma Torres, congresista demócrata y de raíces guatemaltecas, confirmó la aprobación en su cuenta de Twitter, así como la importancia de los requisitos.
“El 75% de nuestra ayuda para los gobiernos de #CentralAmerica está condicionada a cumplir con las medidas anticorrupción; mi enmienda al proyecto de ley requiere que los Procuradores Generales cumplan esas mismas condiciones”, escribió la congresista.
Tanto a El Salvador como a Guatemala, por ahora, Estados Unidos les ha retirado la ayuda que estaba destinada a instituciones clave como las unidades que combatían la corrupción.
En el caso de El Salvador fue retirada la asistencia económica a la policía y a la agencia de transparencia de ese país debido a la decisión del Legislativo de destituir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Guatemala por su parte perdió temporalmente la ayuda destinada al Ministerio Público luego que la cabeza de esta institución tomara la decisión de destituir al principal fiscal al frente de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI).
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