El enviado especial de Estados Unidos para Centroamérica, Ricardo Zúñiga, se reunió con el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, al término de una visita en la que aseguró que el gobierno de Joe Biden busca "avanzar una agenda para el mejoramiento y atender los intereses que compartimos acerca de la creación de prosperidad, de esperanzas, de empleo, de fortalecimiento de la seguridad y de la buena gobernanza en Centroamérica”.
Zúñiga se reunió además con el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, y con miembros de la sociedad civil salvadoreña para hablar sobre la crisis política que atraviesa el país centroamericano tras la destitución de los jueces y del fiscal general el 1 de mayo.
"Nosotros pensamos que las acciones del 1 de mayo no contribuyen al esfuerzo estadounidense [de una agenda de prosperidad y buena gobernanza] porque no están en cumplimiento de la Constitución salvadoreña ni del procedimiento legal", dijo Zúñiga, en el último día de visita.
Los congresistas salvadoreños destituyeron a los magistrados del Órgano Supremo y al fiscal general Raúl Melara en su primer día de legislatura. La bancada que votó por las destituciones es del Partido Nuevas Ideas, dirigido por Xavi Zablah Bukele, primo del presidente, y cinco legisladores de la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), partido que llevó a Bukele al Ejecutivo.
Zúñiga, que en su primera visita oficial a El Salvador, no fue recibido por el presidente, reiteró que "Estados Unidos declaró que estaba inconforme con esa decisión, pensábamos que no se había cumplido dentro del marco de la Constitución. Seguimos pensando lo mismo. (…). Pero pude hablar con diferentes actores de la sociedad, inclusive con el presidente Bukele para entender todos los puntos de vista".
A la vez dijo que su visita al país buscó "entender todos los puntos de vista acerca de los acontecimientos del 1 de mayo".
Ernesto Castro, jefe de la Asamblea, dejó claro el 11 de mayo, tras reunirse con Zúñiga, que los legisladores no van a retroceder en su decisión de destituir a los jueces y al fiscal general.
El enviado de Biden dijo que entregará la información recopilada al Congreso estadounidense y la Casa Blanca para "analizar y determinar los próximos pasos", y que será la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris quien definirá la agenda para El Salvador y Centroamérica.
El 4 de mayo, Harris dijo que Parlamento salvadoreño actuó para "socavar la corte suprema de la nación” por lo que Estados Unidos debía “responder".
Más de doce organizaciones de la sociedad civil pidieron a Zúñiga, a través de una carta, interceder ante el presidente Bukele y la Asamblea para restaurar el orden constitucional en El Salvador. Pero Zúñiga dijo que esa es una decisión del país centroamericano.
"La comunidad internacional tiene una visión y esa preocupación la compartimos bastante socios internacionales. Entendemos que son decisiones que pertenecen a El Salvador. Nosotros solamente tenemos que mostrar y enfatizar nuestra preocupación que estas acciones no contribuyen a un esfuerzo que sí tenemos compartido".
En Estados Unidos viven al menos 2,3 millones de salvadoreños. Unos 140.000 amparados bajo el Status de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), otros bajo la residencia o ciudadanía; y la mayoría vive en condiciones irregulares.
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