Edwin Castro, a la derecha en la Asamblea Nacional. Castro es el jefe de bancada del oficialista FSLN en el Parlamento. [Foto Houston Castillo/VOA]..
El diputado Edwin Castro, derecha, jefe de bancada del partido oficialista FSLN es uno de los cinco funcionarios sancionados por el gobierno de Estados Unidos en respuesta a la crisis política agudizada en los últimos días. (Foto archivo)

WASHINGTON DC - El anuncio del Departamento del Tesoro de Estados Unidos el miércoles de que impuso sanciones a cinco funcionarios y personas cercanas al presidente Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo contienen elementos sustanciales, pero todavía falta mayor coordinación con la comunidad internacional, en especial la Unión Europea para que sean efectivas, advierten observadores identificados por la Voz de América.

El presidente de Diálogo Interamericano, Michael Shifter, dice que la inclusión de estas cinco personas, entre ellos la hija del mandatario nicaragüense, y otros cuatro estrechos colaboradores de su gobierno no es suficiente.

“Me parece muy débil, dada la gravedad de la situación. Deberían ser más fuertes y coordinadas con la Unión Europea”, acota el presidente de Diálogo Interamericano en Washington.

Por su parte Cynthia Arnson, directora del Programa Latinoamericano del Centro Woodrow Wilson, agrega que aunque no existen tantas herramientas como se quisiera de la comunidad internacional, las existentes deben ser desplegadas con todo el vigor para contrarrestar la situación.

“Las acciones del gobierno de Ortega contra la oposición democrática merecen la más severa condena.  Las herramientas de la comunidad internacional no son muchos, pero todas tienen que ser desplegados para responder a la gravedad de la situación”, comenta Arnson a la Voz de América.

La sanción que incluye a Camila Ortega Murillo, hija del matrimonio presidencial nicaragüense, se suma a la que con anterioridad castigó a dos más de los vástagos de la pareja enraizada en el poder durante dos períodos; desde la Revolución Sandinista (1979 -1990), y del 10 de enero de 2007 hasta el presente.

La nueva sancionada es la “responsable de las agencias de publicidad y de propaganda del régimen que había tomado más protagonismo luego de las sanciones a sus hermanos, son los tres hijos que están a la cabeza de los negocios”, comenta Oswaldo León, portavoz de la Coalición para la Libertad de Nicaragua, también desde Washington, D.C.

León agrega que con estos nuevos nombres de personas clave en la administración de Ortega solo se suman más, pero todavía no se ha llegado a estamentos superiores.

“Se está sancionando a personas, la policía si ha sido sancionada como institución, pero el Ejército todavía no, en el tema de sanciones entendemos que Estados Unidos está coordinando con la Unión Europea y Canadá para aplicarlas”, agrega Oswaldo León.

El gobierno de Estados Unidos adoptó las sanciones en el marco de la Orden Ejecutiva 13851 para el “Bloqueo de bienes a ciertas personas que contribuyen a la situación en Nicaragua” y está dirigida contra funcionarios y allegados que hayan trabajado con ese gobierno en cualquier momento a partir del 10 de enero de 2007.

CIDH y Nacionales Unidas elevan preocupación

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para América Central y República Dominicana (OACNUDH) "condenan categóricamente la persecución penal en contra de líderes de la oposición nicaragüense”, dijeron los organismos por medio de comunicado.

CIDH y Naciones Unidas siguen de cerca los sucesos que han llevado a una serie de detenciones con cargos penales a figuras de la oposición dispuestas a competir por la presidencia en las elecciones convocadas para el próximo 7 de noviembre.

Con la detención de Cristiana Chamorro Barrios, en arresto domiciliar e incomunicada con un proceso acelerado que inició el 19 de mayo, que incluye inhabilitarla para correr por la presidencia, luego en similares circunstancias han sido detenidos otras precandidatos opositores.

“La CIDH y la OACNUDH en varias oportunidades han señalado que las diversas leyes aprobadas desde el inicio de la crisis de derechos humanos en abril de 2018, y la reforma electoral adoptada el 4 de mayo pasado, contienen disposiciones que violan normas y estándares internacionales en materia de derechos humanos, que el Estado de Nicaragua se ha comprometido a cumplir”, reza el comunicado.

En el contexto actual de “violaciones a derechos humanos” ambos organismos anuncian que estrecharan cooperación para monitorear la situación e instan a encontrar apoyo en la sociedad civil para encontrar rápidos mecanismos para devolver al país centroamericano a la senda democrática.

Mandatarios y líderes también se pronuncian

El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado Quesada considera que lo que está sucediendo en Nicaragua “es repudiable y terrible".

Además agregó que el Gobierno nicaragüense debe garantizar a la comunidad internacional "la integridad física" de los líderes opositores detenidos, así mismo ésta debe dar una respuesta coordinada ante los hechos.

En ese sentido, Quesada afirmó que entabló comunicación con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, para informarse de las acciones que tomará el organismo al respecto. 

Mientras que por su parte Juan Guaidó, reconocido por decenas de países como presidente interino de Venezuela, se pronunció ante la persecución por parte de autoridades nicaragüenses contra miembros de la oposición en ese país.

El también opositor y líder venezolano escribió en su cuenta de Twitter que la defensa de la democracia no distingue fronteras.

Guaidó denunció en un video que el siguiente paso de Ortega “será ejecutar una elección fraudulenta” y lanzó la interrogante de qué hará la comunidad internacional para evitarlo.

“Las dictaduras aprenden e innovan con fines perversos”, puntualizó el líder de la oposición venezolana para hacer un llamado al resto de países para actuar en pro de la democracia de Nicaragua.

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