El Parlamento nicaragüense, dominado por el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional, aprobó el lunes una ley que inhibiría a futuros candidatos a optar como rivales al presidente Daniel Ortega en unos comicios generales en 2021.
La llamada “Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz”, fue enviada de urgencia por el Ejecutivo el viernes pasado y aprobada el lunes con 70 votos a favor y solo 14 en contra.
La ley establece que “los nicaragüenses que encabecen o financien un golpe de Estado, que alteren el orden constitucional, que fomenten o insten a actos terroristas que menoscaben la independencia, soberanía, autodeterminación o que inciten a la injerencia extranjera en los asuntos internos, no podrán optar a cargos de elección popular”.
Tampoco podrán aspirar a un cargo público quienes el gobierno considere que “exalten, o aplaudan la imposición de sanciones contra el estado de Nicaragua”.
La ley llega en un momento en que Estados Unidos ha ampliado el número de funcionarios nicaragüenses sancionados por corrupción y violación a los derechos humanos.
El diputado Wálmaro Gutiérrez y dos funcionarios más fueron incluidos, el lunes, en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro.
Gutiérrez intentó minimizar la sanción indicando que “tenía cosas más importantes de qué hablar”.
“No sé, la verdad, yo hablo de cosas que son importantes. Yo estoy hablando de un préstamo de 20 millones de dólares (que se aprobó a Nicaragua este lunes). El resto no tiene ninguna importancia”, dijo Gutiérrez al ser consultado por la Voz de América.
Ley rechazada por comunidad internacional
La ley ha sido rechazada ampliamente por la comunidad internacional, así como por los opositores al presidente Daniel Ortega en Nicaragua, quienes han denunciado que el gobierno pretende cometer desde ahora mismo un fraude electoral para ser reelegido por cinco años más en las elecciones de 2021.
“Rechazamos la Ley aprobada hoy por los diputados de la bancada de gobierno, la cual en forma inconstitucional inhibe a todos los ciudadanos que ejercemos y defendemos nuestros derechos políticos”, denunció el Consejo Superior de la Empresa Privada de Nicaragua (Cosep) en su cuenta de Twitter.
“Con esa ley se restringen derechos políticos constitucionales de los nicaragüenses a ser elegidos en elecciones periódicas y optar a cargos públicos; acciones ilegales del gobierno para mantenerse en el poder e impedir una competencia electoral libre y democrática”, agregó.
EE.UU. y OEA piden reformas creíbles
Mientras tanto el diplomático estadounidense Michael Kozak enfatizó que “la ley de restricción de candidatos de Ortega es opuesta a la reforma electoral y otro intento burdo de mantenerse en el poder”.
Kozak se refirió a la promesa de Ortega con la Organización de Estados Americanos (OEA) de emprender profundas reformas electorales que garanticen comicios libres y transparentes.
“En vez de brindar igualdad de condiciones, niega a la oposición la oportunidad de postularse a un cargo y al pueblo el derecho a elegir a sus líderes”, escribió Kozak en su cuenta de Twitter.
En tanto, OEA indicó que ley aprobada restringe los derechos políticos “con el objetivo de limitar la competencia electoral, en un claro atentado a los principios básicos de un estado democrático”.
Además, pidió derogar la ley e hizo un llamado a “iniciar un proceso con los diferentes actores políticos y sociales del país para emprender las reformas electorales necesarias que fue acordado oportunamente entre el gobierno de Nicaragua y la OEA.