Desde que el joven nicaragüense de 19 años Román Sandino se matriculó en una universidad semiprivada, comenzó a destacarse en actividades culturales, que a la par de sus excelentes notas y su capacidad bilingüe, lo hicieron aspirar a solicitar una beca completa en otra casa de estudios.
A su corta edad Román ha traducido varios libros y obtenido sus primeros ingresos.
Normalmente Román estudia los días de semana en Managua, pero asegura que tiene un tiempo extra para poder adquirir aún más conocimiento.
Recientemente escuchó que el Ministerio de la Juventud (Minjuve), una entidad controlada por el presidente sandinista Daniel Ortega, estaba ofreciendo 16.000 becas universitarias en centros privados y públicos, pero uno de los requisitos principales era escribir una carta dirigida al mandatario.
Román rechazó de forma inmediata la beca, pese a sus anhelos de superación.
"Me parece una payasada que pongan tan ridículo filtro, con claras motivaciones políticas. Si en verdad quisieran tener a los mejores (estudiantes), medirían sus habilidades y no su lealtad al partido”, dijo el joven a la Voz de América.
En un año electoral, donde la comunidad internacional mantiene altas expectativas para que se celebren unos comicios libres, transparentes y competitivos que alivien la crisis sociopolítica que vive el país, los opositores han denunciado al gobierno de Ortega de arreciar su proselitismo político, utilizando incluso a las instituciones públicas y programas sociales como forma de atraer a los votantes.
También acusan al líder sandinista de instrumentalizar incluso los poderes del Estado, como la Asamblea Nacional para hacer campaña electoral.
Los diputados opositores afirman que en los murales de la Asamblea Nacional y en el canal parlamentario se transmite campaña partidaria afín al gobernante Frente Sandinista, pese a que aún no se ha convocado a los comicios presidenciales.
Campaña “es abusiva”
La socióloga María Teresa Blandón considera que la mayoría de los gobiernos, tanto de derecha, como de centro o de izquierda, han recurrido al control que tienen sobre los sistemas públicos de educación para hacer proselitismo político, pero advierte que “algunos lo han hecho de forma más sistemática y abusiva”, como asegura es el caso del presidente Ortega.
Blandón enfatiza que desde que Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, llegaron al poder, en la enseñanza pública y en todos los niveles se fomentó el culto a la personalidad hacia ellos.
“Es vox populi que durante las sucesivas campañas electorales en Nicaragua, el régimen ha utilizado al profesorado y técnicos de educación para hacerse publicidad, incluso las escuelas se han convertido en reuniones partidarias. Las escuelas están llenas de banderas rojas y negras y los estudiantes son conminados a agradecer a la pareja gobernante”, indica Blandón.
“Lo mismo pasa con trabajadores del Estado, solo que ahí hay un nivel muy grande de chantaje. La idea es presionar a los trabajadores para jurar lealtad al régimen si quieren conservar su trabajo. Es una violación flagrante a los derechos humanos y a la ley de carrera civil que protege a los trabajadores del estado de estas coacciones”, señala la socióloga.
Por su parte, el politólogo y líder de la oposición, Félix Maradiaga, valora la estrategia del gobierno como uno de los problemas más graves del “régimen sandinista”. Considera que son raíces del partido de gobierno practicadas desde la década de 1980, tras el triunfo de la revolución sandinista.
“Uno de los problemas más graves del régimen sandinista, son sus raíces profundamente arraigadas en la lógica del Estado-Partido. Esto quiere decir que el Frente Sandinista, desde sus orígenes, se interpreta a sí mismo como un aparato político-militar vanguardista, pero además dueño del Estado”, dijo Madariaga.
Añadió que “esa lógica torcida y contraria a la democracia, dio lugar a que incluso en los años 80, existiera un Ejército Sandinista y una policía que era parte del estado-partido”.
Ya no es vanguardismo
Maradiaga señala que cuando Ortega regresó al poder retomó esas raíces del estado-partido, aunque estima que en la actualidad “no es un aparato vanguardista bajo una dirección nacional, sino un partido familiar”.
El catedrático y exministro de Educación, Carlos Tünnermann Bernheim, reafirmó a la VOA que con las prácticas denunciadas por los opositores se está violando la ley electoral, que prohíbe que se haga propaganda electoral en edificios públicos.
De hecho, según establece el artículo 175 de la Ley Electoral, será sancionado con arresto de uno a dos años, quien use bienes propiedad del Estado para fines de propaganda política.
Rosa Marina Zelaya, quien fue presidenta del Consejo Supremo Electoral de Nicaragua (CSE) en 1995, considera que este poder del Estado deberá actuar en su momento para frenar estas prácticas, pero aclara que tendrá que ser cuando haya cambios de magistrados y reformas a la Ley Electoral, a como lo ha pedido la oposición.
Si bien no ha iniciado oficialmente el proceso electoral, Zelaya señala que no se puede hacer proselitismo político desde el gobierno y mucho menos utilizando los impuestos de los ciudadanos.
“Los ciudadanos no son necesariamente partidarios del gobierno, es completamente fuera de orden que se utilice, en términos generales, el dinero de los impuestos para proselitismo político a favor de partidos o personas, o utilización de edificios públicos o medios estatales de ellos”, indica.
De acuerdo con Zelaya, la Ley Electoral es algo que deberá hacer cumplir la entidad correspondiente, o sea el Consejo Supremo Electoral (CSE), en los posibles cambios a los que el gobierno se comprometió con la Organización de Estados Americanos (OEA).
Actualmente, el Consejo Supremo Electoral es dirigido por Lumberto Campbell, quien fue sancionado por Estados Unidos por verse involucrado en supuestas “tácticas antidemocráticas para garantizar que el presidente Ortega y sus aliados ganen elecciones”.
“Se necesitan árbitros electorales que gocen de respeto y credibilidad; que realmente vayan a organizar unas elecciones libres, justas, competitivas, transparentes, honestas y todas las características que debe tener un proceso así”, añadió la exfuncionaria.
Opositores: competencia desleal
Pero mientras Ortega avanza en su estrategia electoral, los opositores se mantienen asediados y en algunos casos extremos se les ha impuesto “casa por cárcel”, como lo ha catalogado Maradiaga, quien es uno de los aspirantes a la presidencia de Nicaragua.
Maradiaga lleva dos meses sin que se le permita salir de su casa y las veces que ha intentado reunirse con opositores se le impone una barrera policial “con violencia”, explicó a la VOA.
“Son casi dos meses que la policía sandinista no me ha permitido salir del todo de la casa donde habito, las veces que intento salir se ha impuesto con violencia una barrera policial” señala el líder opositor.
“¿A qué apunta con esto Ortega?”, pregunta. “Sin duda apunta a impedir la organización de la oposición, imponer el miedo y una mordaza para quienes pedimos libertad”, responde, y considera que esto “de poco servirá porque esta no es una causa de liderazgos individuales sino de millones de voces pidiendo libertad en Nicaragua”.
