La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresaron el miércoles su preocupación por el hacinamiento, el peligro y la violencia que sigue reinando en el sistema penitenciario hondureño.
En un comunicado conjunto emitido el miércoles, expresaron su “preocupación por la crisis en que se encuentra el sistema penitenciario en Honduras debido a la profundización de deficiencias estructurales, especialmente en materia de salud y seguridad, exacerbadas en el marco de la pandemia del COVID-19”.
El Instituto Nacional Penitenciario de Honduras tenía contabilizadas, al 31 de agosto pasado, unas 21,670 personas, un 54% de ellas cumpliendo “prisión preventiva” y 1.193 de ellas mujeres.
Tanto la Alta Comisionada como la CIDH han visto con buenos ojos los esfuerzos del gobierno hondureño por aliviar el hacinamiento penitenciario, como un decreto de junio pasado “dirigido principalmente a la revisión obligatoria de las medidas cautelares de prisión preventiva en el caso de personas que tengan una enfermedad de base que las ponga en mayor riesgo frente al COVID-19, con miras a la aplicación de medidas no privativas de la libertad”.
Este decreto abrió las puertas para que se apliquen otras medidas alternativas a la detención en el caso de delitos para los que el Código Procesal Penal hondureño estipula la prisión preventiva como única medida cautelar posible. Resultado de este decreto, 1.263 personas recibieron el beneficio de la puesta en libertad.
Aún así, hay miles de detenidos enfrentando serios riesgos, principalmente el de contagiarse con el coronavirus.
“Ello, debido a que conforme a lo reportado por el Estado, al 31 de agosto de 2020, se cuentan con 1.695 casos positivos de COVID-19, en 25 cárceles del país A estas cifras se suman las del personal médico, de seguridad y administrativo de los centros penitenciarios que han resultado positivos al virus”, indica el comunicado conjunto.
Los organismos internacionales de derechos humanos expresaron también su preocupación por la militarización del sistema penitenciario hondureño, realizada en diciembre del 2019 mediante un decreto presidencial. La militarización de las prisiones continuará hasta finales de año, pues el decreto original fue prorrogado hasta el 31 de diciembre próximo.
“Al respecto, OACNUDH y CIDH advierten que el Estado no ha informado públicamente sobre el estatus de cumplimiento de su misión, principales resultados y plan de traspaso del sistema a las autoridades civiles”, añade el comunicado.
Y a pesar de la militarización de las cárceles, los actos de violencia continúan, incluyendo las muertes con armas de fuego, prohibidas en el interior de las cárceles.
Un total de 54 presos han fallecido, 14 de ellos, incluyendo siete mujeres, “habrían perdido la vida en el contexto de la pandemia del coronavirus”. Pero también se registraron casos de muerte por armas de fuego.
“Es un dato preocupante que varios de los incidentes documentados habrían sido perpetrados con armas de fuego y otros objetos prohibidos en manos de personas privadas de la libertad”, concluyó el comunicado de la CIDH y la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
