Los legisladores estatales dieron la aprobación final el lunes a un proyecto de ley que pondrá fin a la pena capital en Virginia, Estados Unidos un cambio dramático para un estado que ha ejecutado a más personas en su historia que cualquier otro.
La legislación que deroga la pena de muerte ahora se dirigirá al despacho del gobernador, el demócrata Ralph Northam, quien ya ha dicho que la firmará como ley, convirtiendo a Virginia en el estado número 23 en detener las ejecuciones.
La mayoría demócrata de Virginia, en control de la Asamblea General por segundo año, impulsó el esfuerzo de derogación, argumentando que la pena de muerte se ha aplicado desproporcionadamente a las personas de color, los enfermos mentales y los indigentes. Los republicanos expresaron su preocupación por la justicia para con las víctimas y sus familiares, y dijeron que hay algunos crímenes que son tan atroces que los perpetradores merecen ser ejecutados.
Tanto la Cámara de Representantes como el Senado aprobaron proyectos de ley de derogación separados a principios de este mes. El lunes, el Senado aprobó el proyecto de ley de la Cámara de Representantes, enviándola a Northam tras una votación de 22-16.
La senadora republicana Jill Vogel se unió a los demócratas en la cámara para votar a favor de su aprobación. Más tarde el lunes, la Cámara de Representantes votó 57-43 para aprobar la versión del Senado, que es idéntica al proyecto de ley de la Cámara de Representantes.
Históricamente, Virginia ha utilizado la pena de muerte más que cualquier otro estado, ejecutando a casi 1.400 personas desde sus días como colonia, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte. Desde que la Corte Suprema de Los Estados Unidos restableció la pena de muerte en 1976, Virginia, con 113 ejecuciones, es apenas el segundo estado después de Texas.
Sólo dos hombres permanecen en el "corredor de la muerte" en Virginia. Anthony Juniper, condenado a muerte por los asesinatos en 2004 de su exnovia, dos de sus hijos y su hermano. Thomas Porter fue condenado a muerte por el asesinato en 2005 de un oficial de policía de Norfolk. La legislación de derogación convertiría sus sentencias en cadena perpetua sin libertad condicional.
