El Consejo Supremo Electoral de Nicaragua, señalado de estar controlado por el oficialismo, anuló este viernes la personalidad jurídica del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), considerado la principal fuerza de oposición que quedaba en el país y que participaría en elecciones presidenciales previstas en noviembre de este año.
Los magistrados cancelaron la personalidad al partido opositor minutos después de una denuncia que realizó en el Tribunal Electoral la presidenta del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), María Haydee Osuna, quien es vista como próxima al presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, sancionado por el gobierno de Estados Unidos por violación de los derechos humanos.
Osuna aseguró que el partido CxL había violado la Ley Electoral al mantener bajo su dirigencia a Kitty Monterrey, una ciudadana con doble nacionalidad por lo que también se le canceló la cédula de identidad nicaragüense y se le acusó de haber realizado procesos “fraudulentos” durante su tramitación.
La anulación del partido pone fin a un sinnúmero de trabas con las que contaron desde que anunciaron que correrían en el proceso electoral de este año. La más reciente fue la inhibición a Berenice Quezada, una ex reina de belleza que fue inscrita en dicho partido como candidata a la vicepresidencia, junto a Óscar Sobalvarro.
Pero también varios precandidatos presidenciales que intentaron competir en unas elecciones internas en el partido fueron apresados y acusados de supuesta traición a la patria, como Juan Sebastián Chamorro y Noel Vidaurre.
Clima de tensión e incertidumbre
Meses atrás también habían sido anulados dos partidos de oposición. El Partido de Restauración Democrática (PRD) y el Partido Conservador, cuyos dirigentes denunciaron que Nicaragua se enrumbaba a una de las peores elecciones de la historia, tal y como había señalado el secretario general de la OEA, Luis Almagro.
La decisión del Tribunal Electoral se da el mismo día en que el proyecto de ley -conocido como Ley Renacer- fue aprobado en pleno en el Senado de Estados Unidos.
Esta aún propuesta de ley -a falta de ser sancionada por el presidente Joe Biden- busca que la diplomacia estadounidense promueva elecciones democráticas en Nicaragua, las cuales están previstas para noviembre de este año en medio de detenciones y persecución contra la oposición.
Analistas consultados por la Voz de América han coincidido en señalar que las medidas del oficialismo evidencian el miedo de Ortega a realizar elecciones libres y transparentes, tras la caída del apoyo popular por las protestas de 2018 en Nicaragua.
Por otro lado coinciden en que Ortega “ha generado consenso entre demócratas y republicanos”, en Washington en cuanto a la demanda de restitución de la democracia y el respeto a los derechos humanos.
“En las dos últimas administraciones de la Casa Blanca, el Gobierno de Daniel Ortega ha logrado tener un común denominador: lograr un consenso bipartidista para presionarlo para que frene las violaciones a los derechos humanos y regrese el país por la senda democrática”, dijo a la VOA el exdiputado Enrique Sáenz.
No soy muy optimista que la reacción Ortega-Murillo, pero esperemos que acepten al menos unas condiciones mínimas”
Eric Olson, subdirector para América Latina del Wilson Center
Mientras que Eric Olson, subdirector para América Latina del Wilson Center, valoró que aunque la Administración del presidente Joe Biden empezó siendo bastante pragmática con el Gobierno de Ortega -al no mostrar cambios en su política- “vendrá más presión”.
“El Gobierno de Estados Unidos ha visto que la única respuesta viable hasta el momento es seguir denunciando y presionado mucho al Gobierno nicaragüense y sancionando personas cercanas al gobierno, a los legisladores, a los que lo rodean porque no han querido aceptar mínimamente los acuerdos básicos de la democracia, así que yo creo que habría que esperar que esto va a continuar", dijo Olson. "No soy muy optimista que la reacción Ortega-Murillo, pero esperemos que acepten al menos unas condiciones mínimas”.
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