Durante la crisis de los migrantes de 2015, los estados miembros de la Unión Europea prometieron aceptar a 160.000 solicitantes de asilo, de los cuales el gobierno de España accedió a recibir a 18.000, pero hasta ahora, cinco años después, solo ha otorgado asilo a 2.000.
En 2019, España tuvo una cifra récord de 18.000 solicitudes de asilo, el doble que en 2018. Sin embargo, muchos de los inmigrantes que llegan al país no obtienen la condición de refugiados, sino de inmigrantes irregulares, lo que dificulta su integración.
Mucho de esto se debe a la fuerte oposición que existe en parte de la población, que se queja de que en España ya hay muchos inmigrantes, muchos de ellos de África.
Los políticos antiinmigración defienden esa actitud.
“Llegan aquí de una manera ilegal (…) y es imposible darles un contrato de trabajo”, dijo José Casado Mataró, coordinador local en Barcelona del partido de derecha VOX.
Muchos de los solicitantes de asilo llegan de Venezuela, donde existe una crisis política y económica.
España favorece extender visas a los latinoamericanos sobre los inmigrantes de países africanos, según datos del gobierno. Los latinoamericanos comparten lazos culturales y de lengua, algo que no es igual con los africanos.
Sin embargo, los activistas denuncian que se trata de un racismo institucionalizado.
"Ese racismo está en la estructura, ya que el estado en sí genera racismo, ya no solo los cuerpos de seguridad pública, sino que los cuerpos de seguridad pública responden a una lógica de estado racista, de persecución a unas comunidades, a unas poblaciones en concreto”, dice Kaire Ba Dejuan, SOS Racisme Catalunya.
Los migrantes que trabajan en la economía informal de España, especialmente vendedores ambulantes que ofrecen productos pirateados sin permisos, se quejan de ser perseguidos constantemente por la policía por su condición étnica.
Para ellos, existe siempre una sensación de inseguridad.
"El racismo institucional es la raíz del racismo, porque si el estado no me protege, si el estado no hace nada por mi, sus policías no me van a respetar y tu sociedad tampoco me va a respetar”, dice Daouda Dieye, presidente de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes.
En esta tienda de Barcelona se confecciona la ropa que se vende, pero el lugar es también la sede informal de una unión de vendedores callejeros. Sus organizadores temen que las noticias sobre su situación caen en oídos sordos.
“Los que están allá afuera saben que no tenemos un pasaporte ni una tarjeta de identificación nacional para votar, y no les importa”, señaló Dieye.
En un sistema donde no tienen derecho a oportunidades, la supervivencia se hace difícil. Trabajar ilegalmente como vendedores callejeros o en el campo son las únicas alternativas para estas personas que eligieron emigrar a España.
