La negativa del Gobierno de Nicolás Maduro de recibir vacunas de AstraZeneca, a través del mecanismo COVAX, generó rechazo en gran parte de la sociedad civil venezolana y propició que, en redes sociales, surgieran campañas orientadas a exigir el ingreso de la vacuna.
Desde el punto de vista jurídico, para el abogado y ex fiscal del Ministerio Público, Zair Mundaray, “impedir dolosamente el ingreso de las vacunas pudiera constituir un nuevo crimen de lesa humanidad”, argumentando que el artículo 7 del Estatuto de Roma, “prevé el crimen de “exterminio”.
Coincide la defensora de derechos fundamentales y dirigente política, Delsa Solórzano, quien sostiene que “no permitir la vacunación de los venezolanos es un acto criminal”.
Consultado por la Voz de América, Alejandro Crespo, presidente de la Sociedad Venezolana de Pediatría filial Aragua, subrayó que estudios han demostrado que la vacuna de AstraZeneca es “segura, efectiva y que disminuye la posibilidad de hospitalización o muerte” al igual que otras vacunas que han pasado por la fase 3. En ese sentido, el pediatra asegura que es “lamentable” la posición del Gobierno.
“Ese tema político de decidir que una vacuna no entra al país no por un criterio técnico, no por un criterio sanitario, sino por un criterio político, eso pone en riesgo la vida de la gente, eso hay que dejarlo. Hay que dejar de lado esas decisiones de quién es que paga esa vacuna o quién la administra, al final del día la administre UNICEF o la administre el Ministerio de Salud la persona va a estar vacunada y vas a evitar que muera”, dijo.
“Si seguimos al ritmo que vamos, para lograr que el 70% de la población tenga dos dosis de la vacuna que sea efectiva y segura, si seguimos a este ritmo vamos a tardar 90 años vacunando a la gente, tenemos que vacunar más rápido, a mas personas y para lograr esto por supuesto necesitamos más dosis de vacunas”, sostiene.
El especialista explica, que hasta el momento, COVAX sólo ha entregado vacunas de AstraZeneca y Pfizer, pero en Venezuela, “la capacidad para refrigerar, almacenar y transportar”, esta última “es muy precaria”.
“Probablemente ya COVAX aprobó la vacuna de Johnson y Johnson, probablemente en unos meses podamos optar los países que estemos en COVAX, pero eso va a tomar algunas semanas o menes. Entonces cada día que pasa sin vacunar es un día más que está en riesgo la gente”, añade.
La vicepresidenta Delcy Rodríguez reiteró que informaron a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) que no recibirán la vacuna de AstraZeneca.
“Tenemos informes técnicos, nuestra comisión presidencial científica ha decidido no incluirla en los esquemas de tratamiento en Venezuela ni en los esquemas de vacunación, allí nosotros informamos al representante de la OPS y ya hay claridad de que Venezuela va a escoger a través de este mecanismo, cuál es la vacuna que está permisada para aplicar al pueblo venezolano”, manifestó el miércoles, a través del canal del Estado.
Posteriormente, el presidente Nicolás Maduro ratificó que no “entrará” ninguna vacuna que no sea aprobada por las autoridades sanitarias venezolanas.
“No vamos a traer ninguna vacuna que esté causando estragos en el mundo”, aseguró.
El pronunciamiento del gobierno venezolano surgió luego de que la Organización Panamericana de la Salud anunciara que una vez concretado el pago, el país recibiría, a través del mecanismo COVAX, unos 2,4 millones de vacunas de AstraZeneca.
La semana pasada la Comisión Delegada del Parlamento liderado por Juan Guaidó, aprobó un acuerdo para financiar el acceso a COVAX y, para ese fin, solicitar ante la Oficina de Control de Activos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos la liquidación de los fondos protegidos en ese país.
