Unas 600 organizaciones no gubernamentales de Venezuela expresaron su rechazo “categórico y definitivo” a una providencia oficial que les exige registrarse ante una oficina gubernamental “contra la delincuencia y financiamiento al terrorismo”, porque la consideran ilegal.
El gobierno venezolano publicó en la Gaceta Oficial, el pasado 30 de marzo, una normativa que crea el Registro Unificado de Sujetos Obligados ante la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, donde estarán expuestos a la fiscalización de sus listas de donantes, movimientos financieros, actas constitutivas, beneficiarios y socios.
Al menos 663 de estas organizaciones no gubernamentales, firmaron un pronunciamiento en el que repudian la medida por “constituir un acto inconstitucional, de extralimitación legal y de grave quebrantamiento a las normas internacionales de protección de los derechos humanos y libertades fundamentales que son de obligatorio cumplimiento para el Estado”.
Según las organizaciones firmantes, el ministerio de Interior del presidente Nicolás Maduro podrá, asimismo, vigilar las asambleas, miembros y personal de estas organizaciones civiles “bajo la presunción de incurrir en delitos como el terrorismo y otros, o de vulnerabilidad a estos delitos, por no estar sujetas al control de un órgano público específico o reguladas por una ley especial”.
La disposición gubernamental obliga al registro antes del 1 de mayo próximo, es decir, dentro de apenas 10 días, de todas las personas naturales o jurídicas “de naturaleza no financiera”, especialmente a las organizaciones sin fines de lucro.
La norma amenaza con decisiones de ilegalización e inclusive cárcel para quienes la incumplan. De acuerdo con los firmantes, la medida pone en riesgo los roles de miles de organizaciones venezolanas que brindan apoyo a sectores vulnerables en un contexto donde “millones de familias requieren asistencia y protección frente a la miseria, el hambre, la grave situación de salud y las sistemáticas violaciones a los derechos humanos”.
Norma "sublegal" y "arbitraria"
Organizaciones como Amnistía Internacional, Provea, el Centro de Justicia y Paz, Cofavic y diversos gremios profesionales, como el Colegio de Abogados, califican la nueva regla administrativa No. 001-2021 de la Gaceta Oficial 42.098 como “una normativa sublegal, que regula asuntos reservados a las leyes”.
Resaltan que tiene “un rango inferior a reglamentos y resoluciones”, pretendiendo establecer procedimientos, requisitos, plazos y certificaciones no contemplados en ningún otro instrumento del ordenamiento jurídico nacional.
“Son arbitrarios, intrusivos y ajenos al supuesto fin que dicen perseguir. Omite la existencia de normas constitucionales, leyes y resoluciones en Venezuela que protegen y regulan la actividad de las organizaciones conforme a su naturaleza sin fines de lucro y su carácter de asociaciones libres”, advierten.
El comunicado en conjunto estima que esa providencia supone una “grave amenaza” para los integrantes de las organizaciones de la sociedad civil.
“Se obliga a revelar información personal que puede poner en peligro sus vidas, integridad, seguridad, libertad y subsistencia en el actual contexto venezolano, violando sus derechos a la protección, la asistencia, la confidencialidad y la privacidad”, complementan.
Quienes suscriben el documento se declaran comprometidos en sus propósitos, en especial en evitar riesgos de delación, estigmatización, abusos de discriminación o privación de acceso a bienes y servicios esenciales.
Recuerdan que el actual marco regulatorio de las organizaciones no gubernamentales no admite ningún control previo a sus asociaciones, si bien admiten que el ejercicio de sus derechos puede estar sujeto a regulaciones derivadas de “leyes legítimamente adoptadas, con limitaciones temporales y proporcionales, y no discriminatorias”.
El comunicado también valora que la providencia viola los principios de presunción de inocencia y de legalidad de las organizaciones en cuestión.
“Todas las organizaciones de la sociedad civil estarían sometidas a un estado general de sospecha bajo el control discrecional de un órgano con funciones de supervisión e inteligencia en materia de delitos de legitimación de capitales y terrorismo que deberían estar restringidas al sistema financiero y las cuales se desnaturalizan al emplearse para controlar a las organizaciones”, apuntan.
El registro que pretende el gobierno de Maduro, indican, está alejado de las prácticas y estándares internacionales” de la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, denuncian. La verdadera intención, dicen, es “ejercer un control ilegítimo sobre las labores de nuestras organizaciones”.
Declaran inaceptable la aplicación de la norma oficial y opinan que traería “mayores consecuencias lamentables de sufrimiento humano para la población venezolana”, por lo que exigen su derogación inmediata.
Centenares de observatorios de derechos humanos, sindicatos, fundaciones, asociaciones vecinales, alianzas políticas y sanitarias, universidades, centros de formación, y promotores de alimentación firman el pronunciamiento.
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