El Gobierno venezolano y sus distintos poderes continúa los preparativos de cara a las elecciones regionales y municipales programadas para noviembre. Sin embargo, a pesar de que han dado algunos pasos para impulsar la participación, la oposición explica que continúan su exigencia por garantías, mientras analistas señalan que "lo anunciado puede no ser suficiente".
Juan Guaidó, líder opositor reconocido por decenas de países como presidente interino del país, ratificó este martes que están “evaluando constantemente” como unidad su participación en estas elecciones.
“La gran lucha que estamos dando en la Plataforma Unitaria es por lograr esas condiciones”, agregó, recordando un grupo de ellas, enfocadas en el proceso electoral y el respeto a los resultados.
El martes (29 de junio), el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció la habilitación de 20 organizaciones con fines políticos nacionales y regionales para participar en los comisión, entre las que destaca la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).
“Es la demostración de una voluntad amplia, democrática, del Consejo Nacional Electoral para garantizar la más amplia participación en el proceso electoral”, indicó Pedro Calzadilla, presidente del Poder Electoral, al anunciar la decisión en declaraciones transmitidas por el canal oficial.
Fue con la tarjeta de la MUD que la oposición venezolana, tras obtener 7.700.000 votos con ella, ganó la mayoría en las elecciones parlamentarias de 2015. La organización fue inhabilitada luego de un fallo del Tribunal Supremo de Justicia en enero 2018.
Además, la noche anterior (28 de noviembre), el propio presidente Nicolás Maduro aseguró que iban a eliminar lo que el oficialismo llamó “protectorado” para las gobernaciones y alcaldía a partir de estos comicios.
“La oposición ojalá logre la unificación de sus fuerzas, porque nosotros queremos salir a batallar con esa oposición unida, y que gane el que tenga que ganar”, indicó en un acto también transmitido por el canal oficial.
En octubre de 2017, después de las elecciones regionales de ese año, Maduro anunció protectores para cuatro estados donde había ganada la oposición para no dejar “desamparado” a sus ciudadanos.
Tras ser cuestionado en rueda de prensa sobre estos puntos, Guaidó aseguró que se trata del “cumplimiento con la Constitución” y son parte de un patrón del Gobierno de Maduro, pero que “no basta una declaraciones de medio”.
“Evidentemente la dictadura está tratando de hacer ver que hay un proceso de flexibilización, cuando lo que estamos hablando es sencillo, los venezolanos, es de un acuerdo, formalizar todo estos procesos con garantes a nivel internacional”, apuntó.
¿Un “paso en la dirección correcta” o “oportunidad”?
La ONG Acceso a la Justicia también se refirió a los protectorados, indicando que se trata de una especie de “instancia administrativa sin basamento jurídico” y el anuncio de su eliminación es un “reconocimiento de una práctica arbitraria”.
“El “protectorado” es un invento del régimen para desconocer y burlar la soberanía popular expresada mediante el derecho al voto de todos los ciudadanos, aparte de vulnerar los derechos políticos”, indican.
Para el rector del CNE, Enrique Márquez, la supresión de la figura de los protectores “es un paso en la dirección correcta” pues, además de eliminar “interferencias” en el ejercicio de las competencias de las autoridades elegidas, “estimula la participación electoral”.
Por su parte, el dirigente opositor Stalin González se refirió a la habilitación de la MUD, indicando que se trata de “una oportunidad para reagruparnos y reconstruir la alternativa para el cambio político que anhelamos”.
“Yo no cantaría victoria”
Estos compromisos y anuncios desde el poder en Venezuela no son “suficiente” y quizás no lleguen a tiempo, señalan analistas consultados por la Voz de América.
Oswaldo Ramírez, director de la forma ORC Consultores y consultor en estrategia, explica que hay una especie de oferta “de buena voluntad ” de que se quiere que los comicios que se van a realizar sean unas "elecciones libres, justas y transparentes“.
“Lo que está ofreciendo Maduro son algunos asuntos que le permitan a él ganar una elección, pero también ganar en su objetivo de levantamiento de sanciones”, señala el también consultor en estrategia, campañas electorales y riesgo político.
Aunque asegura que no hay que “disminuir el peso” de la disposición de hacer compromisos, “habrá que ver hasta dónde efectivamente logra con estas pequeñas concesiones, que no son suficientes”, señala Ramírez.
“Yo no cantaría victoria del lado de la oposición, para efectos de decir: aquí tenemos ya un conjunto de condiciones“, sentencia.
Para Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), estos movimientos se pueden ver como parte de una estrategia que busca una “legitimación electoral” del Gobierno.
“Es un intento por demostrar buena conducta para hacer, en primer lugar, que la comunidad internacional levante sanciones, que es la gran exigencia del Gobierno, y por otro lado tratar de que esa elección se traduzca en alguna medida en una legitimación, por decirlo así, del Gobierno y del proceso electoral”, señala.
En el caso específico de la habilitación de la tarjeta de la MUD, el analista considera que a primera vista es “una buena noticia”, pero cuestiona si “hay tiempo de organizarse para una elección”. “Solamente la oposición puede sacar la cuenta de si tienen tiempo o no”.
Estos anuncios llegan cuando el próximo martes de 6 de julio, se espera la llega de una misión técnica enviada por el Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, a evaluar si envía una misión de observación de cara a las elecciones regionales y municipales.
Para Alarcón, esta visita es un tema que va ser determinante en el proceso. “Si no hay condiciones mínimas y la Unión Europea así lo declara, mucha gente nuevamente, incluido el liderazgo político y los partidos políticos, van a tener muchas dudas de participar en esa elección”, afirma.
Sin embargo, agrega Alarcón, la comunidad internacional “entiende perfectamente que estas concesiones no son gratuitas”.
Para Ramírez, por su parte, la comunidad internacional “todavía están muy exceptivos”. “Tienen que dar muestras muchos más grandes y sostenibles en el tiempo”.
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