El período reglamentario de Fatou Bensouda como fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) culminó este martes y así cesó la posibilidad de que fuera ella la encargada de revelar la decisión sobre si se abrirá una investigación a Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos desde abril de 2017.
La opinión de Bensouda sobre si el expediente de Venezuela pasaba a fase de investigación no se hizo pública debido a que Caracas introdujo “un recurso de control judicial” ante la Sala de Cuestiones Preliminares, según explicó la misma exfiscal en su informe final antes de entregar el cargo tras nueve años de gestión.
“Es un recurso introducido a último momento y de manera confidencial con el ánimo de dilatar al máximo el procedimiento ante la Sala de Cuestiones Preliminares”, dijo Calixto Ávila, representante en Europa de la organización defensora de derechos humanos Provea, en declaraciones que conoció la Voz de América.
Queda en manos de Karim Khan, quien asumió este miércoles como fiscal de la CPI, anunciar la decisión sobre el examen preliminar Venezuela I. Su opinión podría ocurrir a más tardar en diciembre, cuando se celebrará la Asamblea de Estados Parte del Estatuto de Roma, su documento fundacional.
Según Ávila, existen tres posibles escenarios.
“El primero, que el fiscal decida cerrar el examen preliminar y archivar el caso, el segundo es que se mantenga el examen preliminar hasta el momento en el que pueda tomar una decisión, y el tercero es cerrar el examen preliminar y abrir una investigación que estaría a cargo de la Corte Penal Internacional”, explicó en un video divulgado.
Khan, nacido en Gran Bretaña y elegido para el cargo en febrero pasado por la mayoría de los 72 países firmantes del Estatuto de Roma, prometió revertir la mala racha de condenas en la corte mediante la preparación de “casos más fuertes” para la sala de juzgados.
“Abrir evaluaciones preliminares, solicitar autorizaciones o iniciar investigaciones es un inicio, pero, como decimos en inglés, la prueba del pudín está en comerlo. Tenemos que actuar (mejor) en juicio”, manifestó.
Su despacho hereda 14 investigaciones penales abiertas a toda regla y ocho evaluaciones preliminares, entre ellas la de Venezuela, según la agencia Reuters.
Papa caliente
Oscar Arnal, especialista en estudios internacionales y profesor de derecho constitucional de la Universidad Central de Venezuela, valoró que la exfiscal de la Corte Penal Internacional ejecutó una estrategia “a lo Pilatos” para evitar pronunciarse sobre si el caso venezolano pasaba a fase de investigaciones.
“Era más fácil para ella hacer eso: pasar la ‘papa caliente’ al que continúa como fiscal sin tomar ella una decisión con las implicaciones que tenía. Es un caso que afecta mucho la geopolítica mundial”, comentó a la Voz de América.
Arnal, también diputado electo por la oposición venezolana en 2015, resalta como llamativo que Bensouda no haya decidido archivar el expediente contra funcionarios venezolanos por presuntos delitos contra la humanidad.
También, se refirió al recurso del poder ejecutivo venezolano para solicitar “control judicial” a la Cámara de Prejuicios de la CPI, mencionado por la exfiscal de la CPI en su informe de gestión como la razón de su reserva.
“Se interpuso ese recurso, una manipulación del gobierno del señor Maduro para tratar de no ser directamente pasado a esta instancia (de investigaciones). Creo que esto va en camino a ser una decisión que evidentemente perjudique tremendamente a los responsables de violaciones a los derechos humanos”, dijo.
Arnal resaltó la “lentitud” con la que suelen abordarse estos casos en instancias como la Corte Penal Internacional. “El recurso que interpuso el gobierno seguramente será desfavorable (para Maduro). Evidencia nerviosismo, angustia”, afirmó.
Alfredo Romero, director presidente de la ONG Foro Penal, consideró que hay “cosas curiosas” en relación con la petición del gobierno venezolano que ocasionó que la fiscal no se pronunciara.
“La petición se basa en que la actuación de la fiscal, en relación con el examen preliminar de Venezuela ha sido desigual porque ha sido muy rápida (…) es muy rara la petición del gobierno venezolano y muy rara la decisión de detener su pronunciamiento en relación con la admisibilidad de la investigación en virtud de esa petición”, expresó.
La situación de Venezuela ante la Corte también captó la atención internacional.
La secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, publicó una carta abierta al nuevo fiscal en la que explica que, en el caso de Venezuela, la organización ya había documentado “ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y muertes causadas por fuerza excesiva por agentes del Gobierno o grupos de civiles armados progubernamentales”.
En el texto, explica que esperaban una conclusión por parte de la Fiscalía de la Corte y le pidieron tomar “rápidamente” una decisión y “no seguir sometiendo a las víctimas a la incertidumbre de un examen preliminar interminable”.
Esta semana, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció que el Ministerio Público entregó a la Corte Penal Internacional un cuarto informe de ampliación para dejar constancia de su “colaboración” y asegurarse de que esa instancia conoce los “avances” en los casos presumiblemente bajo investigación.
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