La atención está puesta sobre la Corte Penal Internacional (CPI) y lo que pudiese ser su conclusión sobre uno de los exámenes preliminares que conduce sobre la situación en Venezuela y si empieza o no una investigación formal.
La fiscal de la Corte Fatou Bensouda, cuyo periodo concluye este martes 15 de junio, ya había adelantado que esperaba terminar para la primera parte de 2021 el examen preliminar sobre el caso Venezuela I, centrado en los presuntos delitos cometidos en el contexto de manifestaciones y disturbios políticos desde al menos 2017.
La fiscal Bensouda ha reiterado recientemente esta intención. En entrevista con France24 a inicios de mes, explicó que “hemos estado en el proceso de examinar la situación en Venezuela” y que han avanzado “significativamente” sobre el tema.
El sucesor de Bensouda, el británico Karim Khan, será juramentado como Fiscal de la Corte este miércoles 16 junio en La Haya.
Gonzalo Himiob, director vicepresidente de la ONG Foro Penal y uno de los abogados venezolanos habilitados para intervenir ante la CPI, explica que el caso Venezuela I estaría por finalizar el examen preliminar.
Sostiene una “visión condicional” sobre la situación, expone a la VOA, porque no hay plazo para la finalización de los exámenes preliminares en la Corte.
“Incluso si se solicita formalmente la apertura de una investigación contra determinadas personas por la comisión de determinados crímenes contra también determinadas víctimas, se tiene que abrir todo un procedimiento”, sostiene Himiob, quien explica que parte de este proceso es notificar al Estado involucrado, víctimas, y señalados.
El abogado no considera que el hecho de que entre un nuevo fiscal vaya a ser un “cambio significativo” en lo que ya se ha adelantado o de la manera de hacer las cosas.
“La Fiscalía ante el Tribunal Penal Internacional, pesa a que está dirigida por personas cuyos periodos comienzan y terminan (…), lo cierto es que también trabajan allí personas que tiene muchos años conociendo de esta situación del caso Venezuela y que no dependen de quien sea el que conduzca el proceso”, apunta Himiob.
¿Qué dice el Gobierno venezolano?
El gobierno no ha escondido su esfuerzo porque la Corte los escuches. Han señalado a las redes sociales de buscar “manipular” y han solicitado a la Corte “cooperación judicial”.
Según datos del fiscal designado por la ya disuelta Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, desde noviembre del año pasado han entregado a la Corte 10 documentos, entre informes, comunicaciones y escritos, sin recibir ninguna respuesta.
En estas comunicaciones ha hablado de “trato desigual” que se le da a los distintos países y han pedido información “sobre el material y las pruebas pertinentes que estén en el examen preliminar”.
En una de sus comunicaciones más recientes, Saab informaba que habían solicitado ante la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI que convoque una reunión con las partes “a fin de poder debatir sobre un proceso justo y adecuado y facilitar de esta manera la cooperación entre ambas instituciones”.
En mayo, la vicepresidenta Delcy Rodríguez presentó los resultados de una investigación con la técnica ‘big data’ para el análisis de redes sociales y cómo desde esos espacios “se construyó falsamente los parámetros para llevar a Venezuela ante la CPI”. En ese momento, lo calificó de una “gran manipulación de Gobiernos”.
Sobre las comunicaciones por presunta falta cooperación que ha argumentado el Gobierno venezolano, la fiscal Bensouda indicó en su entrevista con France24 que era “incorrecto”, señalando que tanto ella como su oficina se han contactado con Venezuela.
“El Fiscal está actuando como si ya hubiese una solicitud de investigación formal planteada ante el Tribunal Penal Internacional, específicamente ante la Sala de Cuestiones Preliminares, y esto no es así”, señala el abogado Gonzalo Himiob.
Este fin de semana, la también abogada y directora ejecutiva de Casla Institute, Tamara Suju, indicó en un mensaje dirigido al fiscal Saab que no se puede “borrar la realidad”.
“La Corte Penal Internacional tiene testimonios verídicos de víctimas directas, de familiares, de incluso funcionarios, ex funcionarios del DGCIM y del SEBIN que han declarado”, afirmó Suju en un video publicado en sus redes sociales.
Desde el año pasado, la Corte también realiza el examen preliminar Venezuela II, remitido por el Gobierno de Nicolás Maduro alegando que se han cometido crímenes de lesa humanidad “como resultado de la aplicación de medidas coercitivas ilegales adoptadas unilateralmente”.
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